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La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para determinar si los siete concejales de Carboneras (Almería) —dos no adscritos y cinco ligados al PSOE— que en el Pleno municipal del 17 de junio acordaron posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para recabar nuevos informes incurrieron en un delito de prevaricación administrativa.
El Ministerio Público ha adoptado esta decisión tras la denuncia recibida apenas dos días después de dicha sesión plenaria por la asociación ecologista Salvemos Mojácar, que consideró que la actuación de los ediles conformaba una «desobediencia inadmisible» y «un acto de prevaricación manifiesta» al incumplir el mandato del TSJA.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que, en el marco de sus diligencias preprocesales, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras la remisión del acta de Pleno en la que los siete concejales acordaron dejar sobre la mesa la propuesta avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para la revisión de oficio de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003.
Si bien la nulidad de la licencia se aprobó en un Pleno posterior celebrado el 7 de julio con los votos a favor del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), y otros siete concejales —entre ellos dos expedientados por el PSOE por abstenerse en la primera ocasión—, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ve «presumible» conforme a la denuncia de los ecologistas la posible comisión de un delito.
A tenor de esta acción, el Ayuntamiento de Carboneras ha remitido a la Fiscalía la información solicitada, entre la que también se pedían informes jurídicos o ampliación, en su caso, de los ya existentes, según han confirmado fuentes municipales.
En concreto, el colectivo ecologista dirigió su denuncia, que también presentó ante los Juzgados de Vera, expresamente contra los concejales que votaron dejar sobre la mesa el expediente que se llevó a Pleno: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.
En este sentido, rechazaron por «falsos» los argumentos de los concejales sobre la necesidad de nuevos informes de intervención antes de adoptar una decisión al contar ya con un dictamen favorable al acuerdo de parte del CCA
Así, veían en su actuación una «mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión» que, según sostuvieron, se prolonga durante «20 años» de «rebeldía institucional».
Cabe señalar que el PSOE abrió un expediente disciplinario y comunicó la expulsión temporal de los cinco concejales implicados, entre ellos su hasta ahora portavoz José Luis Amérigo.
