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La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 contratado por el partido político al que pertenecía el entonces alcalde, pidiendo para el exregidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa por un delito continuado de revelación de secretos, además de tres años de inhabilitación, y otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un delito continuado de prevaricación.
Además, la Fiscalía, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también pide las mismas penas por los mismos delitos para dos concejales del entonces equipo de gobierno, para el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía en el momento de los hechos y para un asesor del equipo de gobierno.
Por su parte, para el asesor contratado por el partido, que ha dado paso a este procedimiento judicial, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en la administración local, autonómica, nacional o europea por delito continuado de prevaricación.
Según argumenta la Fiscalía, este asesor, contratado por el partido del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede) entre abril de 2018 y abril de 2019, y que «no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz».
Además, la Fiscalía asegura que dicho acceso a esa información y documentación reservada con la gestión de la cosa pública por parte de un tercero ajeno a la Administración «fue llevada a cabo por orden e indicación directa» del alcalde, los dos concejales (de Personal y de Turismo), el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno acusados. En este sentido, la Fiscalía detalla una serie de expedientes a los que esta persona tuvo acceso.
Además, añade que esta persona contratada por el partido «impartió instrucciones a miembros del Consistorio que ostentaban la condición de funcionarios públicos, quienes reunían los requisitos académicos y experiencia profesional suficiente para no precisar la ayuda de terceros en el ámbito de actuación de sus competencias».
«Las decisiones, indicaciones e instrucciones con origen en este acusado, amén de modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento, extremos que debían ser acatados por los funcionarios, siendo éste respaldado en el ejercicio de sus funciones por los miembros acusados del equipo de gobierno», asegura la Fiscalía, que apunta que «lógicamente ningún documento obrante en el expediente municipal contiene la firma del acusado por más que los pliegos de condiciones hayan sido redactados bien de manera directa por parte del mismo, bien de manera mediata por el funcionario que finalmente lo firmaría y asumiría su autoría siguiendo las instrucciones impartidas por el acusado».
La Fiscalía recuerda que el acceso público a la información municipal que constituye la oferta pública de licitación no es accesible hasta el anuncio respectivo, con el sentido de evitar que la oferta pública se dirija a determinados operadores económicos introduciendo requisitos que concurran en éstos y no en terceros.
En este sentido, recuerda que la función de asesor político, de darse, no se encuentra asociada a la adopción de decisiones, impartir instrucciones u ordenar modificaciones, sino que se circunscribe al asesoramimento del político objeto del mismo, que finalmente firmaría y asumiría las decisiones.
La Fiscalía señala que la labor que desempeñó el asesor contratado por el partido «se centró en la confección y modificación de expedientes que comportaban licitaciones públicas de naturaleza municipal, y asociado a ello, el consecuente y habitual acceso a información restringida que posteriormente constituiría la base de la publicación de las distintas licitaciones públicas», detallando además en los pliegos y contratos de servicios en los que participó.
Además, segura la Fiscalía que la presencia de esta persona era «habitual en runiones en las que era convocado en presencia del equipo de gobierno y funcionarios públicos, así como otros actores, poniendo de relieve la relación directa y el respaldo institucional que recibía y por ende, ofreciendo la falsa sensación ante los funcionarios municipales de la presunta condición laboral de este, ya fuese como funcionario o asesor».
Igualmente, la Fiscalía señala que funcionarios públicos recibieron correos de esta persona, como experto en licitaciones públicas, «recibiendo órdenes/instrucciones» y asegura que «todo ello se realizó con la connivencia de los acusados del equipo de gobierno», así como que «solicitaba información perteneciente al espectro municipal restringida e introducía cambios» e «impartía indicaciones de cómo debían acometer sus tareas funcionarios públicos».
