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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado refuerzos para la Fiscalía de Ceuta ante la «situación extraordinaria» derivada de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, con medidas como un intérprete permanente, triplicar el servicio de guardia o facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales del resto de España.
Así lo ha demandado la asociación este jueves en una nota de prensa «ante una situación que desborda la capacidad ordinaria» de la Fiscalía de Ceuta, que cuenta con «solo ocho fiscales efectivos» y que «está sometiendo a una enorme presión a sus profesionales».
Tras la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, que provocó 83 muertos, UPF ha aseverado que sobre los fiscales de la ciudad autónoma «recae una carga excepcional que incluye guardias reforzadas y actuaciones relacionadas con menores, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad».
«Algunos días llegan a realizarse alrededor de 200 entrevistas a personas que manifiestan ser menores de edad en el marco de los procedimientos de determinación de edad», ha apuntado la asociación.
La asociación ha explicado que es por ello que el servicio de guardia ha tenido que duplicarse, aunque cree que es necesario «avanzar hacia su triplicación».
La UPF ha reclamado al Ministerio de Justicia un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta, «sin depender de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales», ya que consideran que se trata de una de las necesidades «más urgentes».
La asociación ha subrayado que este servicio de interpretación «es imprescindible» para atender «cientos de entrevistas en determinadas jornadas». «No estamos hablando de una comodidad organizativa, sino de una herramienta elemental para poder garantizar derechos», han puntualizado.
Por otro lado, UPF ha denunciado «una dificultad añadida», ya que la bolsa de fiscales sustitutos «ha quedado desierta», por lo que piden que se articulen «los mecanismos jurídicos, organizativos y económicos necesarios para que fiscales de otros territorios que voluntariamente quieran colaborar puedan desplazarse temporalmente a Ceuta».
«Una crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales que se encuentran destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos», ha reivindicado la asociación.
Además, UPF ha puesto de manifiesto «el trabajo de los fiscales y de los funcionarios y funcionarias de Ceuta, así como el esfuerzo extraordinario que se está realizando en el ámbito de Violencia sobre la Mujer».
«Su compromiso nos enorgullece, pero nuestro orgullo por su entrega nunca puede convertirse en la coartada para normalizar su sobresfuerzo», han advertido, al tiempo que han pedido que, una vez superada la crisis, su actuación debería recibir un reconocimiento institucional expreso por parte de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, los fiscales han insistido en que «la dimensión de la emergencia no permite rebajar las garantías de menores, potenciales víctimas de trata o violencia sexual ni de las personas que puedan necesitar protección internacional».
Y ha añadido que la emergencia puede obligar «a adaptar el funcionamiento de las instituciones», pero «nunca puede modificar el estatuto jurídico de las personas».
Por ello, la asociación ha pedido a la Fiscalía General del Estado que «continúe monitorizando permanentemente las necesidades de Ceuta y mantenga la interlocución directa», y ha reclamado al Ministerio de Justicia que «atienda con la máxima celeridad las peticiones que le sean trasladadas» desde el Ministerio Fiscal.
«Ante situaciones extraordinarias debemos ensanchar las costuras del Estado, no reducir los derechos. No necesitamos héroes para sostener el Estado de Derecho, necesitamos que el Estado de Derecho sostenga a quienes están en primera línea defendiéndolo», ha concluido la asociación en su comunicado.
