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El ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr, ha exigido este sábado explicaciones al Gobierno chino sobre la presunta implicación de ciudadanos de su país en actividades ilegales dentro del territorio filipino, así como por la supuesta detención en China de cerca de un centenar de filipinos en situación irregular.
«El Ministerio de Exteriores chino sigue eludiendo la cuestión crucial», ha declarado Teodoro en un comunicado, recogido por el diario filipino 'The Inquirer'. «¿Estaban estas personas (detenidas en Filipinas) involucradas en actividades ilegales? La respuesta, simple y llanamente, es sí», ha añadido.
El mandatario filipino se ha referido a los 69 ciudadanos chinos detenidos el pasado mes de mayo, cuando las autoridades registraron una planta siderúrgica en la ciudad de Tagoloan, al suroeste del país, por supuestamente producir productos de baja calidad, almacenar materiales radiactivos y contaminar el medio ambiente con humos tóxicos y aguas residuales sin tratar.
Según Teodoro, las autoridades filipinas habían reunido «pruebas irrefutables y legalmente admisibles» mediante órdenes de registro válidas emitidas por tribunales locales.
Estas declaraciones llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, defendiese la actuación de las autoridades chinas contra más de 100 filipinos que vivían en situación irregular en el país.
Guo afirmó que los ciudadanos extranjeros tienen como deber acatar las leyes y regulaciones chinas, e hizo hincapié en que las medidas adoptadas por las autoridades de inmigración chinas «no están dirigidas a ningún país en particular».
Asimismo, acusó a Teodoro de instrumentalizar las Fuerzas Armadas filipinas en la «incautación y detención» de ciudadanos chinos, a los que a ojos de Pekín estaban trabajando de manera legal en Filipinas.
El mandatario filipino ha señalado que Pekín seguía mostrándose evasivo respecto a si los funcionarios de su embajada en Manila habían intervenido activamente en los procesos de deportación y si habían amenazado con represalias a los ciudadanos filipinos afectados.
«La respuesta, tal como se reveló en una audiencia del Senado, es sí», ha concluido.
