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Las familias de los dos andaluces encarcelados desde enero de 2025 en la prisión de Black Beach en Guinea Ecuatorial, considerada una de las peores prisiones del mundo, han presentado una reclamación patrimonial por daños y prejuicios por la que consideran «inacción» del Ministerio de Exteriores respecto de sus casos y por los perjuicios personales que su encierro les está costando.
Así lo ha señalado el representante legal de las familias, Manuel Madrid Almoguera, que confirma la noticia adelantada por el diario 'Ideal' respecto de las situaciones del granadino, David Rodríguez, y del cordobés, Javier Marañón, los dos encarcelados tras participar como trabajadores en un proyecto supuestamente irregular para implantar la TDT en el país africano.
«A la vista de las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio de Asuntos Exteriores en diversas ocasiones y ver las faltas de resultados prácticos, y para forzar un poco una reacción, planteamos una reclamación por responsabilidad patrimonial, por lo que entendemos que es inacción o funcionamiento defectuoso de la administración pública, en concreto del Ministerio de Exteriores», explica Madrid.
El representante de los dos andaluces encarcelados es tajante al señalar que «estamos prácticamente en la misma situación que desde hace 18 meses», y si bien refiere que ha habido algunas visitas consulares, «más allá de eso, ninguna gestión práctica que haya dado lugar, en primer lugar, a la liberación de los detenidos o, en segundo lugar, de carácter subsidiario, a mejorar sus condiciones, fundamentalmente condiciones que reúnan un mínimo de humanidad».
Manuel Madrid explica que para tomar esta nueva iniciativa de reclamar daños y prejuicios se han basado «salvando las distancias» en el caso del reportero gráfico español José Couso, asesinado durante la invasión estadounidense de Irak en 2003.
«Entonces se dio lugar a una responsabilidad patrimonial por entender que el Estado español no había procurado los medios adecuados para indagar en las causas de ese asesinato en un tiroteo en el que resultó fallecido. Y aunque no estamos en ese caso, estrictamente sí que estamos en un supuesto de que precisamente por una falta de actuación adecuada del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues están estos dos señores padeciendo las consecuencias, con independencia de la responsabilidad que puedan tener las autoridades en Guinea Ecuatorial», expone el representante de los encarcelados andaluces.
Madrid insiste en que la causa que ha llevado a Rodríguez y Marañón a la cárcel en el país africano y que se prolonga desde enero de 2025 «es un procedimiento cuestionable desde el punto de vista de la legalidad», y sobre todo, subraya que para ambos se están manteniendo «unas condiciones que son completamente inhumanas y fuera de cualquier respecto a los derechos humanos mínimos».
Además, recuerda que David Rodríguez y Javier Marañón están en situación de prisión provisional «por un plazo más que sobrepasado de todo límite legal y de prorroga». «Entonces, la única acción que quedaba por parte de la República Guinea era o ponerlos en libertad o llevarlos a juicio. Bueno, pues ni están en libertad ni tenemos una fecha próxima de juicio», expone.
«Intuimos que este procedimiento se esté intentando utilizar como moneda de cambio para algún otro procedimiento que se siga, o bien contra bien contra Guinea o bien contra alguno de sus mandatarios o familia de mandatarios», concluye.
Antonio Rodríguez, padre del granadino David Rodríguez, ha explicado a Europa Press que la familia sigue «con preocupación» la situación de David desde que está encarcelado y que se complica debido a problemas de salud.
Al respecto señala que le han aparecido bultos sobre la rodilla, y que se ha solicitado que la cónsul de España en Guinea Ecuatorial pueda visitar junto a un médico a David, que también es hipertenso y a quien han disminuido el número de visitas semanales, de tres a dos, en las que los que amigos que tiene en el país le llevan medicinas y vitaminas ante el empeoramiento de su estado de salud.
Antonio Rodríguez señala que no ha hablado con su hijo desde la pasada Navidad y que ahora sabe de él gracias a las visitas de sus amigos. Preguntado por el estado de ánimo de su hijo, asegura que David «mantiene la ilusión»: «Él no ha cometido nada irregular, no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada, él no se ha llevado dinero. Entonces tiene la esperanza de que pueda ser absuelto».
Pero el padre de David se muestra escéptico respecto a un posible juicio por las condiciones de un país bajo el régimen dictatorial de Teodoro Obiang: «En caso de que haya juicio pues tememos que no sea con las garantías procesales correctas, o que se busque algo más para condenarlo», señala Rodríguez.
En declaraciones a Europa Press, el hermano del cordobés Javier Marañón, Aarón Marañón, explica que David y Javier se encuentran «hundidos, desmoralizados y desencantados de todo el mundo» en referencia a que su caso no haya avanzado a pesar de que ha habido iniciativas a nivel europeo, como una resolución del Parlamento, ante la Casa Real, ante la ONU o ante el Vaticano, «y sobre todo ante nuestro Gobierno, que es quien debería de hacer algo efectivo, y que no consigue nada».
Así ha dicho que espera que sirva la reclamación de daños y prejucios presentada ante el Ministerio de Exteriores y que, de no ser contestada por esta administración, podría llevar a las familias a plantearla por vía judicial. «No han conseguido nada efectivo. Las condiciones de los detenidos y de la detención arbitraria que sufrieron siguen igual», señala Aarón Marañón, que señala que la empresa de la que eran trabajadores su hermano y Rodríguez «tampoco paga el rescate que le pide Guiena alegando distintos problemas».
«Esta es una situación injusta, y además peligrosa por problemas, físicos, por enfermedades y por el peligro que les lleva estar en una prisión en las que todos los presos están juntos independientemente del delito», subraya.
Aarón Marañón recuerda que su hermano tiene una hija que apenas tenía unos meses cuando entró en prisión y a la que no ha vuelto a ver, y que Javier llegó incluso a ponerse en huelga de hambre durante algo más de un mes, aunque finalmente la abandonó. «La familia hemos descubierto que tiene taquicardias que se trataba allí en Guinea, pero que ahora no le han permitido tratarse a pesar de que ha aportado un informe que maneja la embajada», expone.
Y respecto del caso que les llevó a prisión se muestra tajante: «No hay ninguna lógica en que dos trabajadores básicos, como un administrativo —Javier Marañón— y un técnico —David Rodríguez—, sean los responsables de los problemas de una empresa que tiene un contrato de 33 millones de euros. Eso no tiene ninguna base, ellos no son los directivos, ni tenían responsabilidad en ningún sentido. Entonces, a todas luces, es una detención injusta y que no está justificada suficientemente».
