Las autoridades de Uganda han detenido y enviado a prisión preventiva a siete altos cargos del Parlamento ugandés, incluido el responsable de comunicación de la Cámara, ante las acusaciones del ente anticorrupción del país por cargos como malversación de fondos y blanqueo de capitales.
«Siete altos funcionarios del Parlamento de Uganda han sido enviados a prisión preventiva en la cárcel de Luzira hasta el 7 de julio de 2026», ha anunciado en redes sociales la Inspección General del Gobierno (IGG), autoridad anticorrupción del Ejecutivo que horas antes anunciaba el arresto de los mismos «por acusaciones de corrupción».
En concreto, los detenidos son el director de comunicaciones del Parlamento, Chris Obore; el director de recursos humanos, Adilo Daniel; el secretario ejecutivo de la oficina del presidente del Parlamento, Okema Leonard; el investigador principal, Rajab Kaaya Ssemalulu; el oficial principal de protocolo, Okwi Emmanuel Emuron; el oficial de desarrollo de capacidades, Otebata Vincent, y el director ejecutivo de la Sociedad Cooperativa Parlamentaria de Ahorro y Crédito de Uganda (SACCO, por sus siglas en inglés), Murebe Methods.
Tras su arresto, los responsables parlamentarios han sido llevados ante la jueza de primera instancia Esther Asiimwe del Tribunal Anticorrupción, que ha decretado prisión preventiva contra los siete. Según ha indicado el IGG, los detenidos enfrentan cargos presentados por el propio ente anticorrupción que incluyen «malversación de fondos, causar pérdidas financieras al Gobierno y lavado de dinero».
«La IGG de Uganda reafirma su firme compromiso con el estado de derecho y la promoción de la rendición de cuentas en el sector público», reza la nota difundida en redes, en la que la entidad defiende que, «mediante acciones decisivas contra el mal uso de los recursos públicos, la Inspección continúa fortaleciendo la integridad en el servicio público y reforzando el principio de que nadie está por encima de la ley».
Las detenciones llegan en un momento particularmente delicado en Uganda, después de que el pasado fin de semana el jefe del Ejército e hijo del presidente Yoweri Museveni, el general Muhoozi Kainerugaba, anunciara el cierre de las filiales en el país de uno de los grandes conglomerados de medios del este de África, Nation Media Group: las emisiones de la cadena NTV (con sede central en Kenia) y el diario 'Daily Monitor', ambas puestas bajo asedio militar, según confirmó la propia cadena.
El general Kainerugaba no dio más explicaciones más allá de que todos los medios en el país «deben seguir las reglas». «No creo en la prensa libre», declaró el militar, conocido por sus explosivas declaraciones en redes sociales, donde ha llegado a «bromear» con torturar a líderes opositores. «A partir de ahora, todas las malas historias sobre Uganda deberán ser aprobadas por mi oficina», agregó.
En este marco, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado su «preocupación» por las «informaciones sobre la detención de figuras políticas y civiles, incluidos casos en los que no se ha podido determinar el paradero de algunas personas».
«El secretario general sigue de cerca los recientes acontecimientos en Uganda», ha manifestado su portavoz, Stéphane Dujarric.
Guterres, ha subrayado, «recuerda que la libertad de expresión, incluida la independencia de los medios de comunicación, así como los derechos a la libertad y la seguridad personal, están consagrados en la Constitución de Uganda y en sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos». En este sentido, ha animado «a todas las partes a actuar con moderación y a respetar el Estado de derecho».
