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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado este lunes el intento de la Administración de Donald Trump de implementar una orden ejecutiva para limitar quiénes pueden realizar su voto por correo antes de las elecciones de medio mandato —las 'midterms'—, que tendrán lugar el próximo mes de noviembre.
Siguiendo sus líneas ideológicas y haciendo valer la mayoría conservadora con seis jueces a favor y tres en contra, los magistrados han levantado una orden judicial impuesta en junio por una jueza federal de Massachusetts que impedía que aspectos clave de la orden ejecutiva entraran en vigor este año en California y otros 22 estados que la habían impugnado.
Asimismo, si bien algunas partes de la misma orden ejecutiva están bloqueadas a nivel nacional debido a un fallo emitido posteriormente por la misma magistrada, Indira Talwani, en un caso diferente, se espera que la decisión del Tribunal Supremo también se aplique en ese caso.
De este modo, la Administración Trump podría implementar la orden ejecutiva en cuestión, aunque, la batalla legal continuará, como ha avanzado la fiscal general de Nueva York —uno de los estados que impugnaron la medida—, Letitia James, que ha afirmado en redes que el «doloroso revés» que representa esta decisión del Supremo «no será la última palabra».
«El derecho al voto es sagrado, y ningún gobierno debería poder ponerlo en peligro. Estamos estudiando nuestras opciones legales», ha agregado.
De hecho, el propio fallo del Supremo subraya su carácter provisional: «La resolución de la Corte sobre esta solicitud no implica que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal. En ese sentido, el tiempo lo dirá», reza el dictamen, cotejado por Europa Press.
Este ha sido el objeto central de uno de los dos escritos de disenso redactados por magistrados de la minoría liberal, el escrito por la jueza Sonia Sotomayor, que ha lamentado que la decisión «no aborda si los intentos del presidente de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026 son legales», así como «tampoco sugiere que el Poder Ejecutivo tenga autoridad constitucional o legal para implementar las directivas del presidente».
«En cambio, la decisión de hoy simplemente pospone la resolución de esas impugnaciones», ha lamentado la jueza en su argumentación, recogida —al igual que la segunda disensión— en el propio documento del fallo.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson ha querido hacer hincapié en su propio escrito en el hecho de que el fallo se centre únicamente en el argumento de que la jueza federal de Massachussets Indira Talwani actuó prematuramente al impedir la implementación de las disposiciones en los 23 estados antes incluso de que las agencias federales hubieran elaborado planes para su aplicación.
En esta línea, ha acusado a la mayoría conservadora de «perder de vista el objetivo principal» al centrarse en un argumento legal técnico en lugar de lo que ella considera el objetivo más amplio de la Administración Trump: «Obtener nuestro respaldo para su intento de fomentar el caos antes de las elecciones de noviembre».
