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El Tribunal Supremo ha acordado rechazar la medida cautelarísima que solicitó una asociación que pedía a los magistrados que requirieran información a Presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior sobre la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Así lo ha expresado en un auto recogido por Europa Press, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal argumenta que no aprecia «la concurrencia de una situación de especial urgencia que justifique la adopción inmediata de la medida interesada» por la asociación Zeolandia, «por lo que procede denegarla».
Dicha asociación, relata el tribunal, pretende «impugnar la que considera vía de hecho por omisión que imputa al Ministerio de Interior por omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas, así como la ocultación de información de inteligencia esencial para la seguridad de la población» ceutí y «sus posteriores declaraciones».
La Sala sostiene que la parte recurrente «no justifica la especial urgencia» en tanto que «los informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no pueden ser destruidos sino en los supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico».
Además, el Supremo recuerda que hay informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que ya se encuentran incorporados en la causa de la Audiencia Nacional que investiga la magistrada María Tardón, circunstancia que «garantiza su preservación y conservación».
También señala que el Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de los informes elaborados por el CNI, «disponiéndose asimismo su publicación junto con los referidos informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional».
«En consecuencia, no se aprecia la concurrencia de una situación de especial urgencia que justifique la adopción inmediata de la medida interesada, por lo que procede denegarla», concluye.
Por ello, el tribunal acuerda denegar la medida cautelarísima solicitada por la asociación Zeolandia y establece un plazo de diez días para que la recurrente, la Abogacía del Estado, y la Fiscalía se pronuncien sobre la inadmisibilidad de este recurso.
La asociación Zeolandia se dirigió al Supremo para la «protección de los derechos fundamentales» y contra la Administración General del Estado por una actuación constitutiva de «vía de hecho por omisión».
A su juicio, esa actuación se manifestó «a través de la omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas por parte del Ministerio del Interior y por la Presidencia del Gobierno, así como por la ocultación de información de inteligencia esencial para la seguridad de la población», según el recurso de la asociación, al que tuvo acceso esta agencia de noticias.
Se refiere concretamente a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado 31 de julio, cuando dijo que la entrada masiva de inmigrantes fue «un ataque, una violación de la integridad territorial de España».
Esa asociación señaló que Sánchez no se ajustó a la «estricta verdad» cuando añadió que la llegada de inmigrantes se produjo por «una lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo» —la que prohíbe las llamadas 'devoluciones en caliente' de los llegados a nado— después de «las interlocuciones» tenidas «con las autoridades marroquíes».
Bajo su punto de vista, esas palabras «faltan a la veracidad y suponen un obstáculo al acceso a la información pública sobre los hechos acaecidos el 30 de julio en la ciudad autónoma».
«El Gobierno se parapeta en las denominadas 'mafias' de tráfico de seres humanos, sin aportar ningún dato o elemento que sirva para identificar a sus responsables», relató.
Y argumentó que había quedado «evidenciado, tanto por las imágenes, como por los testimonios realizados por las personas que accedieron irregularmente al territorio soberano de Ceuta que la inmensa mayoría de estas personas, no lo hicieron con una intención migratoria, ni bajo el influjo de las denominadas 'mafias', sino más bien como una demostración de fuerza e impunidad de invadir territorio español y europeo».
«Por este motivo, miles de estas personas regresaron voluntariamente a Marruecos a las pocas horas. Por supuesto, otros miles de personas albergaban la intención de encontrar protección en suelo europeo con el anhelo de residir en Europa», abundó.
