El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha prohibido al estado de Alabama, en el sureste del país, utilizar gas nitrógeno para ejecutar presos por considerar que viola la Octava Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos del uso de castigos crueles o inusuales.
La decisión del Supremo respalda la de un tribunal de menor instancia que había bloqueado previamente la ejecución de un hombre al impedir que se utilizara este procedimiento, según informaciones de la emisora estadounidense NPR.
Ahora, el Supremo ha indicado que la apelación presentada por el estado ha sido rechazada. Esta decisión ha favorecido que este preso, identificado como Jeffery Lee y que fue condenado por un doble asesinato en 1998, gane algo de tiempo tras recurrir el uso del nitrógeno, que provoca varios minutos de sufrimiento por asfixia.
La corte ha indicado que este gas presenta un «riesgo sustancial de provocar un dolor severo antes de la muerte». Periodistas y abogados han denunciado en el pasado que aquellos sometidos a este tipo de ejecuciones suelen retorcerse de dolor y vomitar, lo que supone un «sufrimiento inhumano innecesario».
No obstante, en una serie de sentencias que datan de 2008, el Supremo dictaminó que cuando los condenados a muerte impugnan el método de ejecución, deben proponer un método alternativo que no viole la Octava Enmienda. En este caso, Lee sugirió que Alabama lo ejecutara mediante fusilamiento.
Esta decisión se produce en medio de un aumento en el número de ejecuciones anuales que tienen lugar en Estados Unidos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en 2025 los estados ejecutaron a 47 personas, la cifra más alta en más de una década. A lo largo de este año la cifra asciende a 15. Además, el presidente, Donald Trump, ha intentado ampliar el uso de esta pena durante su segundo mandato, a pesar de que actualmente solo hay tres personas en el corredor de la muerte a nivel federal.
Desde la ONU han alertado en varias ocasiones de que este tipo de ejecuciones por hipoxia de nitrógeno «podría constituir tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante conforme a la normativa internacional de Derechos Humanos».
