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El Tribunal Supremo ha dado cinco días a las partes para que puedan presentar alegaciones después de recibir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le ordena aplicar la ley de amnistía a los dirigentes independentistas catalanes sobre los que pesa el delito de malversación.
Así lo han hecho este miércoles en sendas providencias, recogidas por Europa Press, tanto el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, como el presidente de la Sala de lo Penal, la que juzgó y condenó a diferentes dirigentes de aquellos hechos, Andrés Martínez Arrieta.
La mayoría progresista del Constitucional respaldó este martes la ponencia del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que durante los últimos años se ha negado a perdonar ese delito, entre ellos al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont.
En el momento en el que se conoció el fallo del órgano de garantías, el magistrado Llarena acordó en un auto de este martes dejar sin efecto la orden de detención contra Puigdemont.
El magistrado que instruyó el 'procés' levantó «con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa» las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, procesados pero no juzgados porque huyeron de la justicia después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Para el instructor de la causa, aunque en ese momento todavía no disponía del texto íntegro de la sentencia referida a Bassa, cuyo conocimiento será «necesario para determinar su alcance» respecto de Puigdemont, Comín y Puig, «la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de aquellas órdenes».
Y es que ha sido a primera hora de este miércoles cuando el Constitucional ha notificado al Supremo la sentencia que le ordena amnistiar el delito de malversación que pesa sobre Puigdemont, Comín, Puig, Bassa, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, actual secretario general de Junts.
