El Tribunal Supremo celebrará este miércoles una vista para estudiar diferentes solicitudes de paralizar de forma cautelar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno.
Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha convocado —como recurrentes y para que expongan sus argumentos contra la regularización— a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
Por parte del Gobierno está previsto que la Abogacía del Estado acuda a la vista, que será el escenario en el que las partes expondrán sus posiciones ante el tribunal sobre la suspensión o no de la regularización de migrantes mientras se resuelve el fondo del asunto.
Hazte Oír solicitó al alto tribunal que suspendiese cautelarmente el real decreto porque considera que excede los límites legales y «altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos».
En líneas similares, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica vio «riesgo cierto de perjuicio irreparable» con la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la «tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes», la «generación de situaciones jurídicas individualizadas» o la «concesión de autorizaciones de residencia y trabajo».
Vox denunció, en palabras de su dirigente Ignacio Garriga, que «lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria» y «un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España».
Desde el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso justificaron su recurso porque consideran que afecta «gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios», además de «contravenir» la normativa de la Unión Europea y «afectar» a la seguridad.
El Ejecutivo de Sánchez aprobó en abril el real decreto del que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ya ese mismo mes, el Supremo requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que le remitiera el «expediente administrativo» del real decreto para la regularización.
