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El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha resuelto conceder un total de 3.264.992 euros para la puesta en marcha del Programa Andalucía Orienta en Cádiz a lo largo de los próximos 13 meses, estando dirigido a facilitar la inserción laboral de las personas demandantes de empleo.
Además, la provincia contará con los recursos contemplados en la partida presupuestaria de ámbito autonómico del programa, que en esta convocatoria asciende a 20,2 millones de euros, como ha informado la Junta en una nota.
Esta inversión financiará la puesta en marcha de 46 unidades de orientación en la provincia, desarrolladas por entidades gestoras como instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales, universidades y otras entidades de derecho público. Permitirá la contratación de 128 profesionales técnicos y 21 personas de apoyo administrativo.
Las unidades de orientación del Programa Andalucía Orienta prestan servicios de asesoramiento y acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo a través de itinerarios personalizados de inserción. Se trata de un modelo que garantiza la atención y el seguimiento individualizado de las personas participantes, así como la derivación a otras políticas de empleo para facilitar la adquisición de competencias profesionales.
Estas unidades están dirigidas a la atención de personas desempleadas en general o a colectivos con necesidades especiales, como personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad.
Dentro de las unidades dirigidas a personas con discapacidad las hay especializadas en la atención a los distintos tipos de discapacidad física u orgánica, sensorial e intelectual y psíquica.
El SAE derivará a las personas demandantes de empleo para su participación en cada uno de los programas a las unidades de orientación, aunque las entidades participantes podrán atender a otras personas desempleadas siempre que cuenten con el visto bueno de la agencia.
Se estima la atención de más de 27.000 personas demandantes de empleo durante la ejecución de la convocatoria, que será de 13 meses, y con la que se da continuidad a la convocatoria en vigor, que finalizó el 31 de julio.
Las subvenciones resueltas por el SAE cubren los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación de los técnicos previstos que trabajarán en las entidades colaboradoras y que deberán prestar el servicio a jornada completa. Las ayudas para otros gastos generales pueden alcanzar hasta un 25% de la cantidad concedida en relación con los costes salariales.
Las entidades reciben hasta el 50% a la firma de la resolución de concesión y un siguiente pago del 25% transcurridos los primeros seis meses de ejecución del proyecto y verificado el cumplimiento del 40% de los objetivos, sin necesidad de justificación económica. Por último, se abonará un tercer pago (25% restante) una vez presentada, revisada y contabilizada la justificación total del proyecto.
En total, han sido beneficiarias 23 entidades colaboradoras que ejecutarán los programas en distintas localidades gaditanas, atendiendo a personas desempleadas, colectivos vulnerables y personas con discapacidad. Estas entidades se dividen en nueve multiprovinciales y 14 provinciales, garantizando así la cobertura territorial y la atención a los perfiles con mayores dificultades de inserción.
El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha subrayado que esta actuación «reafirma el compromiso de la Junta con la orientación laboral como uno de los ejes estratégicos del SAE», destacando «el valor» de estas unidades como «una herramienta útil y eficaz que acompaña al demandante durante todo su proceso de inserción, que se adapta a su perfil profesional y a las demandas reales del mercado».
La distribución de técnicos se divide entre los destinados a atender a personas desempleadas en general (42 técnicos), así como 51 técnicos destinados a orientación de personas con algún tipo de discapacidad y 35 para atender a personas desempleadas que se encuentren en riesgo de exclusión social.
