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Dos meses después de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos, los juzgados de la ciudad autónoma se han visto reforzados con la incorporación de dos jueces, tres fiscales y un total de 15 nuevos abogados de oficio, además de haber adoptado prolongaciones de jornada, entre otras medidas.
El apoyo a las instancias judiciales de la ciudad autónoma se ha concretado, además, en la integración de tres funcionarios para guardias, dos letrados de la administración de la justicia (LAJ), tres funcionarios de auxilio, otros tres de tramitación y un nuevo trabajador de gestión procesal, según datos facilitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Asimismo, también han llegado dos nuevos funcionarios para tareas de tramitación del Instituto de Medicina Legal y un nuevo forense, de acuerdo a los datos aportados por las mismas fuentes.
También se han incorporado profesionales desplazados desde los institutos de medicina legal de Cáceres, Valladolid y Salamanca, junto con personal de apoyo del departamento que dirige Félix Bolaños.
En concreto, el pasado 31 de julio se desplazó a la ciudad autónoma la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Con ello, el equipo de medicina legal y forense de Ceuta ha pasado de siete profesionales al inicio de la emergencia a 19, lo que supone un incremento de su capacidad en más de un 271%, según los datos del Ministerio, una cifra que se ha ido reduciendo a medida que han ido realizando su labor.
Un refuerzo paulatino que ha tenido lugar tras el aumento de la carga de trabajo en las plazas judiciales de la ciudad autónoma, una situación derivada de la entrada de decenas de miles de personas y la muerte de al menos 83 personas en su intento de cruzar a territorio español, según denunció en su momento el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces detectó necesidades en el turno de guardia de los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer, después de constatar que la entrada masiva de personas había afectado de manera «extraordinaria» a la justicia, especialmente a la sección civil, con el aumento de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales.
Y es que según datos de la Comisión Permanente del CGPJ, los juzgados ceutíes han registrado un total de 37 diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual que han tenido lugar desde la entrada masiva de personas.
Aunque las medidas de apoyo terminaron llegando, el órgano de gobierno de los jueces criticó que se produjeran «demoras» en la concreción de las mismas, por lo que urgió al Ejecutivo a convocar la comisión mixta entre ambos órganos para ultimar el texto de protocolo de medidas de refuerzo de los tribunales, con el objetivo de agilizar los trámites en casos futuros.
Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones, sin embargo, siempre han defendido que lo tenían «todo preparado» para aprobar los refuerzos, pero que necesitaban que el CGPJ pidiera el refuerzo de los mismos para comenzar con la tramitación.
En cualquier caso, el ministro del ramo, Félix Bolaños, afirmó en el Senado que tardó entre «30» y «70» minutos en dar luz verde a la medida.
Las instancias judiciales ceutíes no han sido las únicas que han precisado un robustecimiento del servicio desde el estallido de la crisis migratoria. Esta misma semana, la Audiencia Nacional aprobó un refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ante el «previsible incremento» de solicitudes de protección internacional.
El acuerdo, ratificado por la Sala de Gobierno del organismo judicial y remitido al Ministerio de la Justicia y al CGPJ, incluye que los magistrados estarán de guardia ininterrumpidamente durante un periodo de, al menos, seis meses.
