El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha aplaudido la confirmación oficial, mediante el reciente Real Decreto, de la creación de la Sección Novena de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras, así como de tres nuevas plazas en el Tribunal de Instancia para las jurisdicciones de Civil y de Familia.
En una nota, Ruiz Boix ha subrayado que esta medida es «una prueba irrefutable del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el Campo de Gibraltar, actuando con hechos, publicando en el BOE y aportando recursos para aliviar la saturación que sufren los juzgados de la ciudad».
Igualmente, ha alabado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que «está combinando el incremento de presupuesto e inversión con una reordenación de toda la planta judicial para hacer una Justicia más eficiente, accesible y cercana al ciudadano».
Para el dirigente socialista, «el esfuerzo del Ejecutivo central es el mejor antídoto contra el abandono de la derecha» y ha afirmado que esta inversión para el Campo de Gibraltar «está totalmente desacompasada, ya que hasta 2029 no se prevé que terminen las obras de la Ciudad de la Justicia y por tanto, nos preguntamos dónde van a instalar la nueva sección cuando tienen los edificios judiciales en estado de ruina».
«Frente a un Gobierno progresista que crea nuevas secciones, nombra magistrados y refuerza lo público, en Andalucía padecemos a un presidente dedicado a vendernos maquetas y ciudades de la justicia fantasmas que en ocho años no han sido más que propaganda y tienen un futuro incierto», ha afirmado.
Según Ruiz Boix, «han estado engañando a los operadores jurídicos y a la ciudadanía, la cruda realidad son solares vacíos o en demolición, proyectos sin presupuesto, obras que nunca empiezan y juzgados, como en Cádiz o en Algeciras con el Palacio de Marzales, que literalmente se caen a pedazos o se llenan de ratas».
Así, ha exigido a la Consejería de Justicia que «se involucre en el esfuerzo que está realizando el Gobierno para quitar presión y carga en los juzgados y asuman de una vez por todas sus competencias en la administración de la Justicia». «La justicia no se administra con promesas vacías ni con titulares, se administra con inversión y con voluntad política, tal y como está demostrando el Gobierno de España en el Campo de Gibraltar», ha concluido.
