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El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha prestado este lunes juramento al cargo por otros cinco años, después de que su formación, el Partido de la Prosperidad (PP), obtuviera 512 del total de 547 de escaños en el Parlamento en las elecciones legislativas del pasado junio.
Ahmed ha sido nuevamente investido primer ministro durante la primera sesión de la Cámara de Representantes tras unos comicios marcados por las denuncias por parte de la oposición sobre el aumento de la represión contra el espacio cívico y la falta de verdaderas oportunidades de competir en las urnas y lograr un cambio del ciclo político abierto tras su llegada al cargo en abril de 2018.
Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo ha defendido que el pasado proceso electoral ha enfrentado «numerosos retos», si bien en su lugar, ha «fortalecido la cultura democrática de Etiopía» apuntando a que tras una contienda electoral «no hay perdedores, solo ganadores».
Asimismo, recoge la oficina del primer ministro en redes sociales, Ahmed ha hecho un llamamiento a la unidad para «superar los obstáculos nacionales» y ha advertido de la necesidad de mantenerse vigilantes en un contexto mundial de cambios «rápidos e impredecibles».
Su investidura se produce además en medio de crecientes tensiones con Egipto, Sudán y Eritrea en relación con las aguas del río Nilo y la ofensiva lanzada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el norte del país, al que Adís Abeba acusa de contar con apoyo de estos países por sus tensiones por las discrepancias en torno a su presa en el Nilo Azul y la voluntad del país de obtener salida al mar Rojo, algo que también ha provocado tensiones con Somalia.
El TPLF anunció el 23 de septiembre el inicio de una «guerra defensiva» frente a las tropas federales de Etiopía y recalcó que había tomado esta decisión «tras la intensificación de la invasión a través de varios métodos por parte del autocrático y genocida régimen del PP de Abiy contra el pueblo de Tigray», después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica.
El citado pacto, alcanzado en Pretoria tras dos años de guerra en el norte de Etiopía, implicó que Tigray quedara en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país. Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo pactado.
