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El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, ha dado 72 horas al juez de la misma corte André Mendonça para que se manifieste acerca de una petición de la Abogacía del Estado (oficialmente, Abogacía General de la Unión) para anular la destitución del director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, ordenada por el propio Mendonça bajo la justificación de que la PF elaboró confidencialmente informes sobre él y sobre el propio abogado general del Estado, Jorge Messias.
«Notifíquese al Honorable Magistrado André Mendonça, Relator de la Petición n.º 16.662, para que responda a la solicitud en un plazo de 72 horas», reza el breve documento del STF cotejado por Europa Press en el que Fachin da tres días al juez que apartó a Rodrigues y al jefe de Inteligencia del cuerpo, Leandro Almada da Costa, por elaborar de forma confidencial informes sobre él mismo y sobre Messias.
La medida llega después de que la Abogacía General de la Unión haya solicitado «que se suspendan provisionalmente los efectos de la decisión» de Mendonça, así como su «opinión inmediata (...) sobre los motivos» de su orden, según el documento enviado por la entidad y suscrito por su titular, al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, Messias ha denunciado una «violación directa de la prerrogativa constitucional del presidente de la República para nombrar y destituir a los líderes de la Policía Federal», lo que, a su juicio, se traduce en «un grave riesgo para el orden público en su dimensión administrativa e institucional, suficiente para justificar la suspensión de la decisión impugnada».
El juez Mendonça había apartado a Andrei Rodrigues y a Leandro Almada da Costa de sus cargos en la PF tras el levantamiento del secreto de sumario sobre los informes en cuestión, ordenado por el también magistrado del supremo Alexandre de Moraes.
Uno de los documentos acerca de Mendonça lo acusa de actuar para orientar investigaciones contra De Moraes y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (del partido União Brasil-AP), comprometiendo así «la imparcialidad judicial y favoreciendo a grupos políticos específicos».
Además, sugiere la comisión de delitos relacionados con abuso de autoridad, irregularidades administrativas y conductas indebidas en el ejercicio del cargo en torno a la gestión de casos que involucraban al Banco Master y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
El levantamiento del secreto sobre estos informes siguió a la idéntica medida de Mendonça de otro informe policial que recogía mensajes enviados por el expresidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, al juez De Moraes, ante lo que éste solicitó al Tribunal Supremo la apertura de una investigación formal contra su par.
