El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha promulgado la ley que exime a policías y militares de enfrentarse a la justicia ordinaria en caso de abusos contra la población civil, siendo solo catalogados como crímenes de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un ataque sistemático.
La norma parte como un compendio de iniciativas legislativas presentadas por las bancadas de la Fuerza Popular de la presidente Keiko Fujimori y viejos aliados, como Renovación Popular y Avanza País y ha sido finalmente promulgada después de que el aún presidente, José María Balcázar, no lo hiciera dentro de plazo.
Según los impulsores del texto, el objetivo es fortalecer la función militar y policial, históricamente en entredicho por su amplio historial de abusos contra la población civil. Entre sus últimos episodios están el medio centenar de muertos en las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 por la destitución del expresidente Pedro Castillo, que se ha saldado sin consecuencias políticas.
Si bien el Congreso decidió archivar las causas presentadas contra la entonces presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, la Fiscalía sí ha abierto alrededor de medio centenar de investigaciones contra más de 300 efectivos de la Policía y el Ejército de Perú por su gestión en aquellas manifestaciones.
Sin embargo, estos expedientes han estado yendo y viniendo de diferentes escritorios, lo que para colectivos de víctimas y de Derechos Humanos entraña muchas dudas acerca de una resolución satisfactoria.
La norma establece que, en ningún caso, un militar o policía podrá ser investigado simultáneamente por los mismos hechos en un tribunal civil si existe una vía militar o policial abierta.
Asimismo, incorpora la cadena perpetua para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que colaboren con bandas u organizaciones criminales.
La reforma ha sido impulsada, además, por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, en representación a cientos de militares que fueron procesados por la comisión de graves delitos durante el mandato de su padre, Alberto Fujimori.
