El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha rechazado este lunes presentar su dimisión, durante un discurso a la nación que ha realizado tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional del país de reabrir un proceso de destitución en su contra por supuestamente encubrir el robo de divisas extranjeras en unos terrenos de su propiedad en 2020.
«Quiero dejar claro respetuosamente que no voy a dimitir. Hacerlo sería adelantarse a un proceso definido por la Constitución (...). Sería renunciar a la responsabilidad que asumí cuando me convertí en presidente de la República. Dimitir ahora sería ceder ante aquellos que pretenden revertir la renovación de nuestra sociedad, la reconstrucción de nuestras instituciones y la persecución de la corrupción», ha declarado.
El mandatario ha considerado asimismo que presentar su renuncia al cargo implicaría «dar crédito a un informe que adolece de graves deficiencias», en alusión a un documento que incluía pruebas sobre presuntas irregulares cometidas por Ramaphosa en un caso que trascendió hace dos años antes, cuando el exjefe de Inteligencia acusó al presidente de intentar encubrir el robo de unos 580.000 dólares escondidos en un sofá en una granja de su propiedad.
El informe fue rechazado por la Asamblea Nacional en 2022 en una votación que fue anulada el pasado viernes por el Constitucional.
En este sentido, Ramaphosa ha defendido su permanencia en el puesto alegando que este tribunal «no se pronunció en modo alguno sobre (su) supuesta conducta». «Aunque en algunos círculos se ha pedido mi dimisión, nada en la sentencia del Tribunal Constitucional me obliga a renunciar a mi cargo», ha señalado, después de que parte de la oposición sudafricana —entre ella el partido del expresidente Jacob Zuma (uMkhonto weSizwe)— haya pedido someter al dirigente a una moción de censura.
«El Tribunal no se pronunció sobre si existían indicios razonables de conducta indebida, ni sobre si la supuesta conducta (...). Por el contrario, la sentencia refuerza los principios, derechos y procesos que sustentan nuestro orden constitucional. Esto incluye explícitamente el derecho a examinar el informe del grupo de expertos independiente», ha apuntado.
