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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha denunciado este miércoles que varios ministros de su Gobierno y también algunos parlamentarios han recibido «amenazas de muerte» dirigidas tanto a ellos como a sus familias durante los últimos días en los que han tenido lugar la destitución de Róger Mariaca como fiscal general por presuntas relaciones con el narcotráfico y su reemplazo por José Armando Urioste, procesos que han implicado un intenso procedimiento legislativo.
«Los ministros me dicen: 'Presidente, este es un gobierno que decide', pero amenazan a nuestras familias, en el WhatsApp nos tiran amenazas», ha asegurado Paz en un acto gubernamental celebrado en Trinidad, en el septentrional departamento del Beni, según ha recogido el diario boliviano 'la Razón'.
Asimismo, ha extendido la situación a algunos miembros del Congreso boliviano: «Muchos parlamentarios recibieron amenazas de muerte para con sus familias en su WhatsApp», ha alertado el mandatario.
Por contra, el presidente ha afirmado que, en su caso, estos hechos son algo «cotidiano». «Yo ya le dije a mi mujer y a mis hijos que yo no le temo a la muerte por la patria, porque la muerte no puede ser más grande que la vida que la podamos dar a la construcción de una mejor Bolivia», ha manifestado el compostelano, que ha remarcado que «habrá mucho sacrificio y habrá mucho esfuerzo» en su labor al frente del Ejecutivo.
En este sentido, ha prometido que no se esconderá y que continuará dando la cara frente a críticas y amenazas, sin aludir explícitamente a ninguno de los cuestionamientos formulados por la oposición en cuanto a la destitución de Mariaca y la elección de Urioste para comandar la Fiscalía General.
El exfiscal se encuentra en prisión preventiva desde este lunes en medio de las acusaciones de narcotráfico que enfrenta en un rápido desarrollo de los acontecimientos que comenzó apenas a finales de septiembre con las sanciones emitidas por Estados Unidos contra Mariaca y otras figuras institucionales de Bolivia.
Las investigaciones apuntan a que Mariaca, quien asumió como fiscal general en octubre de 2024, habría liderado una supuesta trama criminal dentro de la judicatura boliviana para proteger a las grandes redes del narcotráfico, incluyendo a ínclitos delincuentes como el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
