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El PP promete «regeneración» en el Tribunal Constitucional (TC) si llega al Palacio de la Moncloa por entender que la desvinculación política y ejemplaridad de sus miembros debe ser «incuestionable». Ese es un compromiso que ya figura en el Plan de Calidad y Regeneración Institucional del partido que el propio Alberto Núñez Feijóo presentó hace tres años en Cádiz y que la formación recuperará si gobierna en España, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación.
Feijóo lleva varios años defendiendo una «despolitización» de instituciones como la Fiscalía, el CGPJ o el Constitucional. En junio del año pasado ya se mostró seguro públicamente de que un TC «politizado» presidido por Cándido Conde-Pumpido iba a declarar «constitucional» la ley de amnistía.
«Somos conscientes de que estamos en el Tribunal Constitucional más politizado, más mediatizado, en el que el Gobierno manda y decide», dijo entonces en una entrevista en 'esRadio'. Esta misma semana, el tribunal de garantías ha avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán Carles Puigdemont y ha ordenado al Tribunal Supremo la aplicación de la misma.
Los 'populares' han criticado de forma reiterada estos años que el TC se dedique a «corregir» decisiones del Supremo y otros tribunales, como hizo con el 'caso de los ERE' o con la amnistía. «El PP respetó el criterio del Tribunal Supremo cuando dictó sentencia condenatoria sobre el 'procés' y también ahora», afirmó Feijóo este martes tras conocer la decisión del Constitucional sobre la amnistía.
El PP ya criticó duramente en su día que Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, se incorporaran al TC. Y hace unos días hizo lo mismo tras conocer que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ha propuesto al exministro y profesor de Derecho Constitucional, el gallego Francisco Caamaño, para ser miembro del órgano de garantías como miembro de designación autonómica.
«En el TC lo que hace falta es regeneración que es mucho más que renovación. Y lo haremos», afirmó hace unos días la vicesecretaria de Regeneración Institucional de la formación, Cuca Gamarra, en un mensaje a través de 'X'.
El propio Conde Pumpido instó la semana pasada a los partidos a que «cumplan el mandato constitucional» y procedan a la renovación de los cuatro magistrados que dependen del Senado, cuyo mandato —entre los que se incluye el suyo— expiró hace casi un año.
El 16 de noviembre de 2026 es la fecha límite oficial para que el Parlamento de Cataluña registre candidaturas ante el Senado para esa renovación, un paso para el que se requiere una mayoría de tres quintos. Sin embargo, la disolución de las Cortes con la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las generales deja en suspensión ese proceso de renovación del TC.
En los últimos años, el primer partido de la oposición ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez apueste por perfiles políticos a la hora de renovar puestos vacantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en el Constitucional, y ha defendido con ahínco que es necesaria la «despolitización» en el ámbito de la Justicia.
Gamarra es la encargada de coordinar el Plan de Regeneración del PP que el partido está ultimando y que recoge más de 60 medidas en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial para combatir la corrupción, acabar con los «ataques» a la Justicia o frenar la «erosión» institucional que, según los 'populares', ha provocado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En el Plan de Calidad Institucional que Feijóo presentó en enero de 2023 en Cádiz, el PP ya criticaba que el «ansia de control» de Sánchez se extendiera al Tribunal Constitucional, un órgano que, a su juicio, debe «configurarse como una institución de prestigio, transparente y que dicte resoluciones en plazo».
«La excelencia profesional, desvinculación política y ejemplaridad de sus miembros debe ser incuestionable», rezaba el documento, donde señalaba que «las polémicas sobre la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional han profundizado en un descrédito y puesta en cuestión a la intervención del Parlamento en estos procesos de nombramiento».
El líder del PP ya aseguró en agosto de 2025, en una entrevista concedida a Europa Press, que «este Tribunal Constitucional», de mayoría progresista, «no ha acreditado independencia» y «ha tenido enfrentamientos impropios con el Tribunal Supremo», lo que «no tiene ningún sentido».
«No tiene ningún sentido que un ministro del Gobierno del señor Sánchez, una asesora del señor Bolaños en Moncloa y un ex fiscal general del Estado estén en el Tribunal Constitucional de nuestro país», criticó entonces Feijóo ante las designaciones de Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Feijóo ya dejó entonces claro que si el PP llega a Moncloa eso «no será posible»: «Porque la autolimitación a la que nos vamos a someter acredita la exclusión de la actividad política de los últimos cinco años y la acreditación de la independencia y de la formación».
