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El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno aumentar las penas por los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad o sus agentes y crear una Fiscalía especial para investigar y prevenir los delitos dirigidos a menoscabar el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de las Policías autonómicas y locales.
La iniciativa, presentada para su debate en la Comisión de Interior, reclama concretamente modificar los artículos 550 y 556 del Código Penal con el objetivo de elevar las penas asociadas a esos delitos y reforzar el principio de autoridad de los agentes.
Además, los 'populares' plantean reforzar los medios materiales de protección individual de los miembros de las FCSE y reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, atendiendo a las condiciones en las que desarrollan su labor y al incremento de agresiones durante el ejercicio de sus funciones.
En la exposición de motivos, el PP sostiene que en los últimos años se ha consolidado en España una tendencia al alza de las agresiones contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las policías autonómicas y locales, una situación que considera que ya tiene carácter «estructural» y que afecta al desarrollo de la función policial y a la seguridad de los propios agentes.
Según los datos del Ministerio del Interior recogidos en la iniciativa, en los últimos cinco años se han registrado 78.400 delitos de atentado contra la autoridad, en su mayoría vinculados a agresiones a efectivos de las FCSE.
El PP señala además que la cifra ha pasado de 15.397 delitos en 2021 a 16.878 en 2024, lo que supone un incremento del 9,6%, y añade que entre enero y septiembre de 2025 ya se habían contabilizado 12.645 infracciones penales por atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos.
Según esos datos, Madrid encabezaba las estadísticas en los ejercicios cerrados, con más de 3.000 agresiones anuales, seguida de Andalucía, con más de 2.800, y Cataluña, con más de 2.600, aunque en la evolución más reciente Andalucía pasa a ocupar el primer puesto, seguida de Cataluña.
A juicio del PP, estas cifras evidencian un incremento de las conductas violentas, las desobediencias graves y los atentados contra la autoridad, así como una «pérdida progresiva del principio de autoridad» que, según expone, preocupa a los propios agentes.
El texto añade que este fenómeno no se limita a las agresiones físicas, sino que también se refleja en un aumento de las conductas de resistencia y desobediencia, y recoge estimaciones de asociaciones profesionales según las cuales la Guardia Civil puede llegar a sufrir una media de hasta cinco ataques diarios en zonas especialmente peligrosas como el Campo de Gibraltar debido a ataques de narcotraficantes.
Finalmente, el PP recuerda que policías y guardias civiles vienen reclamando desde hace años reformas normativas para reforzar su protección jurídica, especialmente mediante un endurecimiento de las penas por atentado contra la autoridad, y denuncia también carencias en medios materiales y en formación continua y específica en técnicas de autoprotección.
