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La eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha presentado ante la Comisión Europea una pregunta escrita sobre las «graves intimidaciones e interferencias» denunciadas por la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha pedido a la Comisión que actúe para proteger a la jueza.
La pregunta de Montserrat llega después de que la magistrada haya comparecido ante la Audiencia Nacional y haya denunciado haber sido víctima de intimidaciones y maniobras dirigidas contra ella y su familia mientras investigaba la causa contra Sánchez por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, cuya condena a nueve años de inhabilitación se confirmó finalmente por prevaricación administrativa.
La eurodiputada del PP ha asegurado, en un comunicado, que un informe de la UCO incorporado a la investigación recoge testimonios sobre seguimientos a Biedma y sobre contactos con personas vinculadas al narcotráfico en los que se habría planteado la posibilidad de «eliminar» a la magistrada.
«Europa no puede mirar hacia otro lado en un caso como este: una jueza denuncia haber sido intimidada por ejercer su función y cuando los investigadores de las causas que dirige denuncian presiones. La independencia judicial no es elegible según a quién afecta. Es uno de los pilares del Estado de Derecho europeo», ha señalado Montserrat.
Por ello, ha reclamado a la Comisión que determine si unos hechos de esta naturaleza serían compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea y con las garantías europeas de independencia judicial para los Estado miembros.
Montserrat pregunta, asimismo, qué garantías exige el Derecho de la Unión frente a las «presiones» sobre investigadores que trabajan en causas que afectan a personas vinculadas al poder político y qué actuaciones concretas está dispuesta a adoptar la Comisión para verificar los hechos y determinar si comprometen la independencia judicial en España.
La pregunta busca que la Comisión Europea ejerza sus responsabilidades como garante de los tratados y determine si los hechos investigados deben ser objeto de seguimiento dentro de los mecanismos europeos de protección del Estado de Derecho.
«La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los jueces deben estar protegidos frente a intervenciones o presiones externas susceptibles de afectar a su juicio independiente (...). Por eso, la Comisión Europea no puede limitarse a observar: debe determinar si estos hechos son compatibles con las obligaciones que imponen los Tratados a España», ha afirmado Dolors Montserrat.
