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El PP llevará a votación al Pleno del Congreso la próxima semana sus propuestas para afrontar la crisis de Ceuta, un plan que incluye reforzar el perímetro fronterizo alargando el espigón del Tarajal, un refuerzo permanente de Policía y Guardia Civil y más funcionarios para agilizar las expulsiones de quienes llegaron en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.
En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, se plantea solucionar la crisis de Ceuta sobre la base de cuatro pilares: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales.
En materia de personal, el PP pide consolidar refuerzos permanentes de Guardia Civil y Policía Nacional, dotar a Ceuta de las unidades de Extranjería necesarias para tramitar los correspondientes expedientes, reforzar a los profesionales sanitarios y promover ante los órganos competentes un aumento de jueces y fiscales.
En el apartado legislativo, propone modificar la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima y reformar la Ley de Asilo «de modo que una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho».
La proposición insta asimismo al Ejecutivo a activar «de manera inmediata» los procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión de todas aquellas personas que accedieron ilegalmente a España, desplazar a Ceuta las unidades de Extranjería necesarias y aprobar un calendario que permita culminar la tramitación y resolución de los expedientes.
Además, reclama utilizar todos los instrumentos jurídicos nacionales y europeos disponibles para defender la integridad territorial de España y garantizar la seguridad de la frontera, así como solicitar la activación de los mecanismos previstos en el Reglamento europeo para situaciones de crisis e instrumentalización.
Los 'populares' solicitan también el despliegue inmediato de Frontex y de las unidades necesarias, incluidas las de intervención rápida, y aplicar procedimientos de triaje para la identificación y los controles de seguridad, además de procedimientos fronterizos de asilo y retorno que permitan una tramitación acelerada.
En este sentido, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso que España solicitará la «presencia permanente» de Frontex en el puerto y el espigón de Ceuta. Bruselas está a la espera de aclaraciones del Gobierno para concluir su evaluación sobre el refuerzo solicitado.
La proposición, registrada a mediados de agosto, incluye también tres reclamaciones que el Gobierno ya ha materializado: declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y nombrar una autoridad funcional para dirigir y coordinar las actuaciones y los recursos en Ceuta, que ha recaído en el ministro de Administraciones pública de Ángel Víctor Torres.
En relación con Marruecos, el PP pide «reorientar» las relaciones bilaterales sobre los principios de «respeto y reciprocidad», promoviendo una relación que «no admita amenazas ni chantajes» y reafirmando que la integridad territorial de España «no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas».
La iniciativa también insta al Gobierno a promover ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento de la situación «singular y excepcional» de Ceuta y Melilla con un tratamiento equivalente al que reciben las regiones ultraperiféricas en fondos, fiscalidad y fronteras.
Además, quiere que ambas ciudades dispongan de representación propia en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.
El último bloque, los de Alberto Núñez Feijóo piden aprobar, de acuerdo con las ciudades autónomas y con participación de su sociedad civil, un Plan de Reactivación Económica de Ceuta y Melilla dotado con «al menos 650 millones de euros» entre 2027 y 2032.
El PP propone incluir una Ley de Régimen Especial de Ceuta y Melilla que blinde un marco fiscal e inversor estable y garantice legalmente bonificaciones a la Seguridad Social del 50% y del 75% en las actividades económicas que se determinen.
El plan incorporaría también incentivos económicos e inversión pública especialmente para el comercio, la hostelería y los autónomos; mejoras de la conectividad con la Península; un plan de choque contra el desempleo juvenil; medidas para facilitar el acceso a la vivienda y una mayor presencia estructural del Estado mediante el refuerzo de Sanidad, Educación, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas.
