El Partido Popular ha recalcado que la Fiscalía General del Estado (FGE) está para defender «el interés superior de los menores» y no para «salir al auxilio del Gobierno ante las consecuencias de sus propios incumplimientos».
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado este viernes un decreto con pautas de actuación para los fiscales a fin de «garantizar» la «protección de todos los menores extranjeros no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria» que se encuentren en España, y avisa de que actuará si las comunidades rechazan acoger menores.
Tras hacerse pública esta instrucción, fuentes del PP han considerado «llamativo» que la Fiscalía haya actuado «con enorme rapidez y contundencia» para establecer cómo deben actuar los fiscales «ante posibles reticencias de una comunidad a recibir a los menores».
Asimismo, han querido recordar a la Fiscalía «su papel de neutralidad» y han reclamado «la misma diligencia para exigir el cumplimiento de la ley al Gobierno de España que la que muestra para advertir a las comunidades autónomas».
Por otra parte, han apuntado que el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados atribuye a la FGE la responsabilidad de «ordenar las pruebas médicas de determinación de edad cuando se localiza a un menor extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad».
Por ello, han pedido al Ministerio Fiscal que explique cuántos de los menores llegados a Ceuta tienen su edad determinada, cuántos expedientes se han incoado, cuántas pruebas se han ordenado y cuántos continúan pendientes de determinar.
Desde el PP han vuelto a asegurar que «no hay ninguna rebelión de las CCAA», sino una exigencia de que cada administración cumpla las obligaciones que le corresponden y «que la ley se aplique a todos por igual».
«La posición del PP y de las comunidades autónomas es inequívoca: protección de los menores, solidaridad con Ceuta, cooperación entre administraciones y cumplimiento de la legalidad», han zanjado.
Por último, el PP ha insistido en que «introducir desde arriba elementos de confrontación allí donde abajo existe cooperación, confianza y trabajo conjunto». Además, ha instado a que fiscalías y administraciones sigan «compartiendo información, resolviendo problemas y buscando conjuntamente la mejor respuesta para cada menor».
