El Pleno de la entidad intermunicipal ha aprobado por unanimidad este miércoles, 25 de junio, la anulación del nombramiento de 35 jefes de servicio en la Diputación que el mismo plenario aprobó en su día, en febrero de 2025. Ahora, tras un auto judicial que exige la anulación de aquellos nombramientos, el pleno acata dicho veredicto.
Sobre este asunto, el diputado del área de Empleado Público, Paco Toajas, ha enfatizado que «no se trata de puestos de libre designación. Muy al contrario, es una sentencia que recae sobre un acuerdo» que se toma por unanimidad de la mesa general de negociación, con todos los sindicatos «presentes en aquel momento de 2022, que trataba de decidir cómo se cubrían los puestos de jefe de servicio y direcciones generales». Por tanto, son puestos «a los que solo pueden optar los propios funcionarios de la entidad, porque están reservados exclusivamente a ellos».
«Ocurre que ahora —ha continuado Toajas—, cuando por un defecto de forma en aquel expediente para el proceso de nombramientos recae una sentencia que lo declara anulable, acatamos el veredicto, como no puede ser de otra manera, y adoptamos hoy un acuerdo en el pleno para ese fin».
Esa aprobación en pleno de dicha anulación del proceso será la que permita, después, «proseguir con el proceso selectivo para cubrir los puestos de jefe de servicios y directores de centros», ha añadido el diputado provincial. Sí ha querido recordar el responsable de Empleado Público que aquel acuerdo de febrero de 2025 para el nombramiento de 35 jefes de servicio y directores fue aprobado por el Pleno de la Diputación de Sevilla por unanimidad.
Por ese motivo, «no se puede acusar de desacato ni de desobedecer un mandato judicial a la Diputación de Sevilla, ya que aquel acuerdo se tomó con total transparencia en el pleno y con el voto unánime, incluidos el Partido Popular y Vox».
Asimismo, Toajas ha puesto también el acento en que con una plantilla de casi 1.500 personas, con seis fuerzas sindicales representadas, «es fácilmente comprensible que la litigiosidad forme parte inherente a la gestión cotidiana de los recursos humanos de una entidad de estas dimensiones. No es algo propio de la Diputación, sino que es algo habitual en cualquier administración pública o en las grandes empresas».
De cara al futuro, el diputado de Empleado Público ha señalado que «ahora toca corregir la situación y no hay ningún dramatismo en ello. Lejos de eso, en este pleno adoptamos el acuerdo de anulación de los concursos específicos por los que esos 35 funcionarios accedieron a sus puestos y, además, todas esas personas van a ser nombradas en su puesto con carácter provisional y se iniciarán los procesos de selección que, insisto, son procesos llevados a cabo exclusivamente por funcionarios».
El responsable de la plantilla provincial ha concluido recordando que el concurso específico es un procedimiento absolutamente legal e incluso recomendado por la ley de Función Pública de Andalucía, puesto que se trata de un concurso que permite seleccionar a los mejores perfiles, de entre los funcionarios ya existentes, para los puestos de jefaturas de servicio y direcciones de centros.
