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La formación ecologista advierte que la recentralización judicial en Córdoba y la precariedad de las plantillas vulneran tanto los derechos laborales como la protección efectiva a las víctimas
Desde el Partido Verde manifestan su más profunda preocupación y condena ante la situación crítica en la que se encuentra el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. “El desbordamiento de la plantilla y la sobrecarga laboral crónica ponen de manifiesto un modelo de gestión pública insensible tanto con los derechos de las trabajadoras y trabajadores como con la seguridad y la atención integral que merecen las víctimas de violencia machista” aseguran desde la formación.
La centralización de los partidos judiciales —absorbiendo los asuntos procedentes de comarcas de toda la provincia— responde a una visión economicista y tecnócrata de la administración que ignora el territorio y la realidad social.
"El colapso de este juzgado no es una casualidad, es la consecuencia directa de una gestión nefasta y de la recentralización judicial que ahoga a los territorios. No se puede hablar de proteger a las mujeres víctimas de violencia machista mientras se desmantela el servicio de cercanía y se condena a las plantillas a una carga de trabajo inasumible. Cada retraso y cada saturación en este juzgado es una brecha más en la red de seguridad que merecen las mujeres", denuncia Ana María Carnero, coportavoz del Partido Verde en Córdoba.
La formación ecologista incide en que “los parches y refuerzos temporales son insuficientes ante un problema estructural que exige una apuesta valiente por los servicios públicos esenciales. La falta de dimensionamiento real en la creación de órganos judiciales evidencia la falta de voluntad política para blindar la protección social y la igualdad real”.
El Partido Verde advierte, además, “la extrema gravedad de que esta parálisis institucional coincida con la entrega a la ultraderecha de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de Justicia y atención a las víctimas. La decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), de ceder estas carteras clave a un vicepresidente de VOX —un partido caracterizado por su discurso negacionista de la violencia machista— augura un escenario de abandono institucional intolerable”.
"La sostenibilidad social pasa inexorablemente por cuidar a quienes sostienen los servicios públicos. No podemos consentir plantillas exhaustas, con problemas graves de conciliación y salud laboral, mientras las instituciones miran hacia otro lado. Defender los derechos humanos y la vida libre de violencias machistas exige presupuestos reales, prevención y juzgados dotados de recursos humanos y materiales dignos, no recortes encubiertos y precariedad institucional", subraya Salustiano Luque, coportavoz provincial de la formación ecologista.
Desde el Partido Verde exigen a las administraciones competentes una ampliación estructural e inmediata de las plantillas en los juzgados cordobeses, así como una revisión de un modelo judicial recentralizador que aleja la justicia de la ciudadanía y precariza la labor de los tribunales especializados. La lucha ecologista es también la lucha por la justicia social, feminista y de proximidad.
