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El Parlamento de Andalucía ha retomado en la recién iniciada XIII legislatura la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de «recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía» promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas, que ya en la pasada legislatura pasó por el Pleno de la Cámara.
En concreto, el Pleno del Parlamento acordó a finales de noviembre del pasado año tomar en consideración esta iniciativa, algo que apoyaron los diputados del PP-A y de los grupos de oposición de izquierda, es decir, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La tramitación de esta iniciativa, sobre la que el Ejecutivo andaluz del PP-A no manifestó criterio previo de cara a su tramitación, se quedó pendiente de continuar una vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, convocó a finales de marzo las elecciones autonómicas que se celebraron el 17 de mayo de este año.
Con el Parlamento de la XIII legislatura ya constituido, y tras iniciarse el primer periodo de sesiones ordinario de esta etapa, la Mesa de la Cámara ha acordado, en una reunión celebrada el pasado 9 de septiembre, que dicha proposición de ley, de iniciativa legislativa popular, de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía, «continúe con el trámite previsto en el apartado 4 del artículo 112 del Reglamento de la Cámara».
Así figura en el acuerdo de la Mesa de ese día, consultado por Europa Press, en el que se precisa que se atenderán «las solicitudes de comparecencias ya ordenadas» en torno a esta iniciativa, que «se desarrollarán en la Comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias», una unidad del Parlamento que, además, «será la encargada de su tramitación, una vez oída, a este último respecto, la Junta de Portavoces, según dispone el artículo 39.2.º del Reglamento del Parlamento de Andalucía».
El texto de la ILP que sustenta esta proposición de ley, consultado por Europa Press, parte de la premisa de que, «desde el año 2019» —cuando el líder del PP-A, Juanma Moreno, fue investido por primera vez como presidente de la Junta—, «se ha hecho más intenso» el «deterioro de la sanidad pública» en Andalucía, de forma que «el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado».
En este contexto, la ILP propone «una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad» mediante una serie de modificaciones de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía encaminadas a «poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado», según se avanza en la exposición de motivos.
De esta manera, la ILP consta de un artículo único, de modificación de dicha Ley de Salud de Andalucía, de forma que en dicha norma se determine que «el sistema sanitario público de Andalucía» se caracterizará por «la extensión de sus servicios a toda la población; el aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema; el uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios», y «la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados».
Además, entre otras cuestiones, la ILP propone que la Ley de Salud de Andalucía fije que «la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa», así como que se garantice «una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas, y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días».
Finalmente, el texto de la ILP plantea que la ley recoja que, en la sanidad andaluza, «el régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto», y «la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para auditar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y el coste económico de los servicios y centros financiados con dinero público y sometidos a gestión privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios».
