El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz investiga una presunta «trama» creada para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el «punto de inflexión» fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez atribuye un «papel superior» al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que «habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones».
Unas actuaciones, agrega Pedraz, que son «penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno».
El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, «pocos días después» de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, el presidente del Gobierno publicó la denominada como 'Carta a la Ciudadanía', en la que «se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión».
Según añade, «es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid» y que tuvo lugar el día 26.
«Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada», señala, para añadir que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que «además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías», tiene como «objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno».
Pedraz pone el foco en «pagos sin revelar el ordenante de los mismos» y que se habrían utilizado sociedades de los investigados con «el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez».
