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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha vuelto a desestimar el incidente de nulidad presentado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que no se han vulnerado derechos.
Así lo ha hecho en un auto, recogido por Europa Press, después de que el juez rectificara de forma parcial la inadmisión a trámite del incidente de nulidad que presentó el expresidente socialista, investigado en esta causa como presunto líder de una red de tráfico de influencias y por las joyas sin declarar que se le incautaron.
Fue el pasado junio cuando el abogado de Zapatero interpuso el incide nulidad alegando presunta vulneración de derechos fundamentales, como al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.
En su opinión, se incorporó al caso prueba «ilícitamente analizada» y que «ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales», asegurando además que la nulidad se da «en la propia génesis» del procedimiento a finales de 2025 y «arrastra las sucesivas actuaciones».
Zapatero expuso que el procedimiento «parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados» y apuntó a «maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia» para la Fiscalía Anticorrupción.
El juez, que en un primer momento acordó inadmitir la petición por haberse formulado fuera de plazo, acabó dando la razón en parte al expresidente y procedió a estudiarla, al entender que estaba dentro del margen porque que se le dio acceso a documentos de la causa unos días más tarde de lo que inicialmente se había considerado.
Calama investiga si Zapatero intervino de manera irregular en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y su presunta influencia en otras operaciones, así como por las joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones que la Policía halló en su despacho.
Asimismo, Calama ha rechazado desbloquear la cuenta de la empresa Agropecuaria Lucena, propiedad del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, argumentando que indiciariamente esta mercantil «presenta un perfil compatible con una sociedad instrumental, susceptible de ser utilizada para la canalización de fondos».
Martínez pidió el desbloqueo de la cuenta para hacer frente a las presuntas «reparaciones urgentes» que la explotación agrícola necesita después de haber sufrido daños «como consecuencia de las intensas lluvias del pasado invierno».
Calama ha declinado esta petición, mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que cita a la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a esta solicitud al señalar que «el perfil patrimonial opaco determina un alto riesgo de que se utilicen cuentas societarias para eludir la investigación y dificultar el aseguramiento y eventual decomiso de bienes», según la resolución.
Asimismo, el magistrado señala que «las diligencias de investigación practicadas han puesto de manifiesto que Agropecuaria Lucena carece de autonomía económica real y presenta rasgos característicos de una estructura societaria utilizada para canalizar, ocultar o reintegrar en el circuito lícito fondos procedentes de actividades delictivas».
Y añade que, en este caso, «destinar cantidades indiciariamente ilícitas al pago de obligaciones contractuales o legales supondría reintroducirlas en el circuito económico lícito, con el consiguiente riesgo de blanqueo de capitales».
Por otro lado, el Ministerio Fiscal ha indicado que «esta sociedad realizó en el ejercicio 2020 pagos a la sociedad 'Whatthefab'», que pertenece a las hijas de Zapatero Laura y Alba, investigadas en esta causa, al tiempo que subraya que Agropecuaria Lucen es una empresa «sin trabajadores».
Asimismo, la Fiscalía argumentó que «no se justifica razón alguna para el desbloqueo de la cuenta», ya que Martínez no es «una persona carente de recursos económicos, entre otras cosas, porque como figura en las actuaciones tiene dinero en un bróker de Estados Unidos como él mismo reconoció en su declaración judicial».
Por otro lado, Calama ha aceptado la personación de la asociación Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) como acusación popular, permitiéndole «la proposición de diligencias relativas a la dimensión venezolana de los hechos investigados».
Se trata de una asociación española sin ánimo de lucro que denuncia «las estructuras de corrupción transnacional vinculadas al régimen venezolano» y defiende «los derechos de la diáspora venezolana en España», de acuerdo con el escrito que presentaron.
Esta asociación se suma a la acusación popular liderada por el Partido Popular, en la que también está presente Vox y organizaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa o Liberum.
