El Gobierno de España exigirá que las obras del puente del Centenario continúen «hasta que se garantice la seguridad». El Ministerio, en un comunicado, deja claro que no ha abandonado los trabajos ni ha pedido resolver el contrato. «Es la UTE adjudicataria la que ha manifestado su disconformidad y ha solicitado la resolución unilateral de la ejecución de las obras».
De esta forma, el Ejecutivo apunta a la empresa como «la única responsable de esta situación». «La obligación del Ministerio es tramitar esa solicitud conforme a la legislación vigente y cumpliendo la normativa», añade el secretario de Estado, José Antonio Santano, al respecto.
En este sentido, el Gobierno de España ha querido expresar de forma contundente que resolver un contrato como, en este caso, a petición de la empresa adjudicataria, «no significa abandonar una obra». El Ministerio debe permitir la tramitación legal de la resolución, «pero también exigir que el puente quede seguro, operativo y preparado para la continuidad de los trabajos».
Asimismo, desde el Ministerio, de hecho, «ya se está trabajando de forma paralela» en el expediente administrativo independiente necesario, para poder culminar esta actuación «lo más rápido posible», añade el comunicado. «La prioridad absoluta del Gobierno es garantizar la seguridad del puente y mantener sus condiciones de servicio».
El secretario de Estado ha señalado que «puede comprender el nerviosismo» del Partido Popular en el comienzo de la campaña electoral, pero ha pedido al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, como al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, «que no frivolicen con los temas de seguridad vinculados a las infraestructuras». El alcalde ha pedido por carta a Pedro Sánchez, este mismo jueves, una reunión para abordar este asunto.
«Les pido que en este tema, no sé si en su caso es ya pedir demasiado, que abandonen sus usos y costumbres y se comporten responsablemente, sin atacar al ministro de Transportes de manera gratuita por un asunto contractual sin ninguna repercusión sobre la ciudadanía», ha manifestado el alto cargo del Gobierno.
Por último, el Gobierno remarca que la ley obliga al contratista que adopte «medidas indispensables» para evitar «un grave trastorno al servicio público» aunque se tramite la resolución de su contrato. Para ello, esgrime el artículo 213,6 de la Ley de Contratos del Sector Público, «que es clara en este aspecto».
«Que el contratista mantenga la seguridad o facilite la transición no es un favor a la Administración. Es una obligación legal y contractual en una obra pública, especialmente cuando está en juego una infraestructura esencial para Sevilla y para la movilidad metropolitana», abunda el Ministerio, al tiempo que insiste en la idea de que se está actuando «con el máximo rigor».
