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La Subdelegación del Gobierno en Almería va a destinar 139.801 euros a la retirada, guarda, custodia y destrucción de unas 280 pateras y otras embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular que estima necesario gestionar durante el año de vigencia del nuevo contrato en la provincia, con un coste medio de casi 500 euros por embarcación.
El órgano gubernamental, competente para determinar el destino de las embarcaciones aprehendidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera necesario mantener un servicio continuado para «evitar acumulaciones» que puedan generar «gastos asociados innecesarios», ya que no dispone de personal especializado ni de instalaciones adecuadas para asumir estas tareas.
Según consta en la memoria de actuación consultada por Europa Press, la previsión se ha calculado a partir de los datos de años anteriores y supone 41 embarcaciones menos que las 321 contempladas en el expediente de 2025.
La empresa encargada deberá prestar el servicio de forma ininterrumpida durante todos los días del año para retirar las pateras que se encuentren en el mar, varadas o en tierra firme y trasladarlas a sus instalaciones de depósito. Las recogidas se realizarán a requerimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un tiempo máximo de respuesta de tres horas desde que se reciba el aviso.
Los trabajos también incluirán las embarcaciones interceptadas en la isla de Alborán que sean trasladadas a la costa almeriense. En aquellos casos en los que las pateras se encuentren en playas o acantilados sin acceso terrestre y no puedan retirarse mediante grúa, deberán remolcarse por mar hasta el puerto o la playa accesible más próximos.
Antes de cada retirada, los operarios tendrán que fotografiar las embarcaciones y elaborar un certificado en el que consten sus características, estado y motores, así como el lugar de recogida.
Una vez trasladadas al depósito, las pateras deberán destruirse en un plazo máximo de tres meses, salvo que se autorice una ampliación o queden a disposición judicial o deban devolverse por orden policial. Estas operaciones se realizarán, por regla general, una vez al mes.
Las condiciones también incluyen la descontaminación y destrucción de los motores, cuya venta está prohibida, aunque la empresa podrá recuperar el valor de sus componentes como chatarra. El contrato, con un presupuesto base de licitación de 139.801 euros, unos 17.000 euros menos que en 2025, tendrá una ejecución prevista entre el 3 de diciembre de este año y el 2 de diciembre de 2027.
