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El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha autorizado la concesión directa de cinco millones de euros en subvenciones a los ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera (Huelva) para financiar la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas «dignas» de carácter permanente y la creación de una red de albergues destinados a los trabajadores temporeros agrícolas de la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana, dentro de los Marcos de Doñana.
Según consta en el Real Decreto de 30 de septiembre, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultado por Europa Press, los fondos proceden del presupuesto de 2026 del Ministerio de Vivienda y se repartirán de manera equitativa entre ambas localidades onubenses, asignando 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Moguer y otros 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
La medida responde a los objetivos de la línea 13.4 del 'Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana', suscrito entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad en los asentamientos agrícolas precarios.
Dicha línea persigue dar respuesta habitacional estructural a los asentamientos precarios en zonas agrícolas estacionales de la provincia de Huelva, atendiendo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz.
En este ejercicio presupuestario de 2026, la financiación se concentrará en Moguer y Palos de la Frontera después de que el Ayuntamiento de Lucena del Puerto comunicara formalmente el pasado 21 de mayo de 2026 su renuncia a ser beneficiario de esta anualidad, ante el estado de ejecución de los proyectos programados con la partida correspondiente a 2025 —regulada en su día mediante el Real Decreto 940/2025—, aunque desde el Consistorio señalan que no es una renuncia formal, sino una petición de aplazamiento, de forma que puedan percibir la ayuda en con la próxima partida.
Según señala el Real Decreto, tras una primera fase volcada en dar respuesta «inmediata y temporal» a las emergencias habitacionales de la zona, el Gobierno da paso con este Real Decreto a «soluciones estructurales e indefinidas».
En este sentido, la norma impone la condición obligatoria de que todas las viviendas, albergues o alojamientos construidos o rehabilitados con este presupuesto pasen a formar parte del parque público residencial municipal de forma «permanente», por lo que queda prohibida su enajenación o privatización.
Las actuaciones financiables abarcan la compra de suelo urbano municipal —incluyendo terrenos dotacionales—, la adquisición de inmuebles construidos para su adecuación, la rehabilitación de inmuebles para uso social y la construcción de nuevas viviendas protegidas.
Para estas últimas, se promueve el modelo de industrialización de la edificación, en «coherencia» con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la Industrialización de la Vivienda aprobado en mayo de 2025.
El abono de las subvenciones se efectuará en un pago único y con carácter anticipado tras la firma de los convenios de colaboración correspondientes entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y las alcaldías de cada municipio.
Dichos convenios deberán formalizarse antes del 1 de diciembre de 2026 y fijarán el cronograma de ejecución de las obras, cuyo horizonte máximo de desarrollo podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2030.
Las entidades locales contarán con un margen de tres meses tras la finalización de las obras para presentar la memoria justificativa y la cuenta evaluada ante la administración estatal.
Por último, la norma contempla cláusulas de flexibilidad presupuestaria. En caso de que alguno de los municipios no agote la cuantía asignada, renuncie o incurra en imposibilidad de ejecución, el Ministerio de Vivienda podrá reasignar los créditos sobrantes al otro ayuntamiento beneficiario, siempre que disponga de capacidad y proyectos elegibles para absorber la financiación suplementaria sin alterar la finalidad social objeto de la norma.
El 30 de mayo de 2025 se suscribió el 'Acuerdo Interministerial de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de 5 Vivienda y Agenda Urbana para la realización de las actuaciones previstas en la línea 13 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana', con el objeto de establecer un marco de cooperación entre ambos departamentos.
Este acuerdo abarca las anualidades de 2025, 2026 y 2027, según disponibilidad presupuestaria, y tiene por finalidad la implementación de actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de las personas trabajadoras temporeras agrícolas en los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.
El decreto señala que en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana se constata una situación de «necesidad habitacional y de insuficiencia de vivienda digna para las personas trabajadoras temporeras agrícolas».
Ante esta «realidad», el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana impulsa un plan específico de actuación y financiación dirigido prioritariamente a los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, «donde esta problemática se presenta con mayor intensidad».
La construcción y rehabilitación de viviendas destinadas a personas trabajadoras temporeras para su utilización durante las campañas agrícolas, así como la creación y consolidación de una red de albergues y alojamientos específicamente concebidos para este fin, constituyen una «manifestación concreta de los principios que inspiran la acción del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana».
Asimismo, el texto indica que el Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana identifica entre sus objetivos prioritarios la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras temporeras agrícolas.
Al respecto, subraya que la actividad agrícola del entorno de Doñana genera «importantes necesidades estacionales» de mano de obra, lo que exige disponer de soluciones habitacionales «adecuadas» que «garanticen condiciones de alojamiento compatibles con la dignidad de las personas, la salud pública y la sostenibilidad territorial».
