Artículo completo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha querido defender este martes la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que uno de sus agentes disparara a una persona migrante en el torso el pasado domingo, dejándolo gravemente herido.
Acusando a los medios y a los políticos partidarios de las políticas de 'santuario' —aquellas que limitan la cooperación entre autoridades locales y federales— de «no haber perdido tiempo en difundir mentiras» sobre lo sucedido, el DHS ha declarado en redes que «ninguna campaña de difamación ni narrativa falsa impedirá que el ICE cumpla con su labor de detener a inmigrantes indocumentados» y ha procedido con una serie de desmentidos sobre afirmaciones no atribuidas.
En este hilo de publicaciones, la cartera dirigida por Markwayne Mullin ha defendido que la víctima —Wilber Rafael Garcés Pérez, un hombre venezolano de 28 años— «fue objeto de una parada vehicular específica» y no de una actuación «indiscriminada», alegando que «el factor que convierte a alguien en objetivo de las autoridades migratorias es si se encuentra o no ilegalmente en Estados Unidos».
Asimismo, ha acusado al hombre herido de un «peligroso intento de evadir el arresto». «Resistirse a los agentes y evadir la detención supone un peligro para nuestros agentes, para los inmigrantes indocumentados y para el público en general», ha afirmado Seguridad Nacional, cuyos agentes han protagonizado múltiples tiroteos en 2026, resultando sus disparos tanto en heridos como en víctimas mortales civiles.
«Recordamos a la ciudadanía que resistirse a los agentes y evadir la detención constituye un delito grave y un delito federal», ha anotado el DHS, que ha instado a políticos de administraciones 'santuario' a «dejar de fomentar este comportamiento peligroso que pone en riesgo a nuestros agentes y al público».
En concreto, la cartera ha acusado a los congresistas neoyorquinos Alexandra Ocasio-Cortez y Dan Goldman, a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom, todos ellos demócratas.
Por otra parte, en cuanto al trato de la víctima del disparo, Seguridad Nacional ha rechazado haberse negado a que se le extrajera la bala, así como que se le haya privado de analgésicos y de poder dormir sobre una cama, como el propio Garcés Pérez aseguró en declaraciones facilitadas por su abogada en una comparecencia ante medios de comunicación.
Además, ha argumentado que no tenía un permiso de trabajo válido y que, aun si lo tuviera, «un permiso de trabajo NO otorga estatus legal». «El inmigrante indocumentado no tenía un permiso de trabajo válido ni estatus de protección, y contaba con una orden definitiva de expulsión emitida por un juez de inmigración», ha escrito el DHS.
Mientras tanto, un juez federal ha suspendido la orden de deportación de Garcés Pérez, según ha anunciado su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, en una publicación en redes en la que afirma que el magistrado ha ordenado que esté presente en la primera vista, fijada para el miércoles 30 de septiembre.
La letrada, que ha indicado que el hombre aún padece «mucho dolor» y sigue teniendo alojada la bala en su cuerpo, ha explicado en otro hilo de publicaciones que fue trasladado del hospital al centro de detención «horas después de recibir el disparo». «Wilber afirma que, durante ese traslado, le esposaron, le pusieron grilletes en los tobillos, le colocaron una cadena en la cintura y le trataron con dureza», ha recogido.
Asimismo, el cliente de Lincoln-Goldfinch afirma que, tras recibir morfina en el centro hospitalario, las autoridades federales solo le han proporcionado paracetamol e ibuprofeno y que permanece en una cama no regulable pese a tener la clavícula fracturada, además de la bala aún alojada, circunstancias bajo las cuales sufre una «pérdida de movilidad», según la abogada.
Estos hechos han sido criticados por el representante demócrata por Texas Joaquín Castro, que ha defendido en redes que «Wilber llegó a Estados Unidos de forma legal. Tenía permisos de trabajo y era solicitante de asilo». «Nada de esto debería haber ocurrido jamás», ha agregado en una publicación en la que señala que lo visitará este miércoles junto al representante Greg Casar —también demócrata y tejano— «para ver cómo se encuentra y exigir su puesta en libertad».
Casar, por su parte, ha reclamado este mismo martes la retirada de los agentes federales de Inmigración desplegados en la ciudad del tiroteo: «Estaremos todos más seguros cuando el ICE se largue de Austin», ha espetado en un acto público.
