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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene constancia de que personas migrantes en situación irregular están ocupando viviendas de titularidad pública, según ha confirmado este martes el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez.
Algunos de los casos habrían sido comunicados directamente por vecinos, que han alertado de la presencia de personas que estarían residiendo en estas viviendas de manera irregular.
Ramírez ha explicado que la Ciudad ha recibido información sobre esta situación, especialmente en Loma Colmenar, donde los propios residentes trasladaron al Gobierno local la existencia de viviendas en las que estarían alojándose personas que no tienen derecho a ocuparlas.
El asunto salió a relucir durante una reunión mantenida con vecinos de la barriada para abordar la posible utilización de una parcela de embolsamiento como espacio para la acogida de migrantes. Durante el encuentro, los residentes aprovecharon para trasladar al Ejecutivo sus preocupaciones sobre la situación de algunas viviendas públicas de la zona.
«Tenemos constancia porque ha sido trasladada directamente por los vecinos», ha señalado Ramírez, que ha explicado que el área de Vivienda de la Ciudad ya ha comenzado a trabajar para analizar cada una de las situaciones comunicadas.
El portavoz del Gobierno ha indicado que se llevará a cabo un análisis de las viviendas públicas sobre las que existen sospechas de ocupación irregular o de cesión por parte de sus adjudicatarios para alojar a terceras personas.
La Ciudad pretende determinar en cada caso si se está produciendo un incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento de las viviendas públicas.
Ramírez ha advertido de que, si se confirma que los titulares de estos inmuebles han cedido las viviendas para que sean ocupadas irregularmente, el Gobierno procederá a actuar contra ellos.
«Obviamente, la causa de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y el procedimiento a continuación de desahucio», ha explicado.
El portavoz ha asegurado que la Administración actuará ante estas situaciones y ha avanzado que también se aplicarán, cuando corresponda, las medidas sancionadoras previstas.
Ramírez ha incidido en que los servicios jurídicos de la Ciudad han confirmado que los propios contratos de arrendamiento contemplan la posibilidad de resolverlos cuando se produzcan este tipo de incumplimientos.
«Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato», ha afirmado.
De este modo, la Ciudad pretende intervenir no solo ante posibles ocupaciones ilegales de viviendas públicas, sino también ante aquellos casos en los que los propios adjudicatarios hayan permitido que terceras personas residan en los inmuebles incumpliendo las condiciones del contrato.
El portavoz ha señalado que los servicios técnicos y jurídicos ya han recibido la información trasladada por los vecinos y comenzarán a estudiar los casos concretos para determinar las actuaciones que correspondan.
