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El Consejo Constitucional francés ha tumbado este viernes la ley aprobada por el Parlamento a finales de julio e impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron que prohíbe el uso de las redes sociales para menores de 15 años por considerar que es desproporcionada y que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y comunicación.
En concreto, ha considerado que la legislación es inconstitucional porque carece de la suficiente definición, alegando que la restricción a la libertad de comunicación e información «no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido».
«Estas disposiciones, que privan a los menores de la libertad de acceder a determinados servicios públicos de comunicación online, infringen la libertad de expresión y de comunicación», ha valorado la máxima corte francesa en su fallo de este viernes.
Si bien reconoce la medida busca garantizar «el requisito constitucional de proteger el interés superior del niño», la prohibición podría aplicarse a otros medios «donde no se han establecido riesgos para la salud y la seguridad de los menores».
De la misma forma, el texto no ofrece «garantías legales» para proteger la privacidad de los usuarios al exigir que todos, incluyendo los adultos, «presenten un documento que acredite su edad» para acceder a las redes sociales.
En respuesta al fallo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que el Gobierno «trabaje» en «una redacción jurídicamente sólida» a la luz del fallo y del marco europeo, apuntando además a que su objetivo sigue siendo llevar a cabo esta reforma «antes de la primavera de 2027».
«Bajo la iniciativa de Francia, más de treinta Estados en todo el mundo han planteado la prohibición de las redes sociales a los más jóvenes en los próximos meses y la Comisión Europea trabaja sobre una armonización de estas disposiciones para la Unión Europea», ha apuntado en un comunicado difundido por el Elíseo.
El mandatario ha apuntado así que el objetivo desde que planteó esta cuestión en 2017 es «proteger el interés superior y la salud» de los menores, habida cuenta de «los efectos perjudiciales» que las redes sociales" tiene sobre ellos, que están «científicamente documentados».
El Gobierno pretendía que la medida —presentada en un primer momento por la diputada del partido Renacimiento, Laure Miller, si bien sufrió ligeras modificaciones— entrara en vigor a partir del inicio del año escolar en septiembre.
La legislación también enfrentó problemas de cara a la normativa europea —contemplaba una 'lista negra' de plataformas— y tuvo que ser modificada después de que a principios de julio, la Comisión Europea determinara que varias disposiciones corrían el riesgo de infringir el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), por otorgar poderes excesivos al regulador francés.
El texto no detallaba los métodos de verificación que serían utilizados para validar la edad de los usuarios, sino que dejaba en manos de las plataformas definir el suyo propio. La iniciativa también prohibía el uso de los teléfonos en los institutos, concretamente en los cursos de bachillerato, si bien la corte no se ha pronunciado sobre esta cuestión.
