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El Consejo Constitucional de Francia ha ratificado este viernes la totalidad de la legislación que garantiza el derecho a la muerte asistida para personas adultas con enfermedades graves o incurables, si bien ha instado al Gobierno a aclarar varias de sus disposiciones.
La máxima corte francesa ha realizado algunas observaciones sobre varios supuestos de la legislación, si bien no ha pedido al Gobierno que reescriba el texto, que permite a los pacientes administrarse la medicación que acabará con su vida, exceptuando cuando no estén físicamente capacitados para hacerlo, en cuyo caso un médico o una enfermera podrán encargarse de ello.
En concreto, el fallo introduce una cláusula de objeción de conciencia para los farmacéuticos, quienes no deberían estar obligados a preparar la sustancia letal, mientras que también ha autorizado a los centros sanitarios privados a negarse a llevar a cabo este procedimiento en sus instalaciones si así lo desean.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que esta decisión por parte del Tribunal Constitucional «culmina un debate democrático ejemplar», que arrancó con los dictámenes del Comité Consultivo Nacional de Ética y de la consulta ciudadana sobre esta cuestión y «concluyó con la remisión del texto» a la corte.
«Al validar las disposiciones esenciales de la ley y aportar aclaraciones dentro de su ámbito de competencia, el Consejo refuerza el equilibrio del texto aprobado por el Parlamento. Al confirmar que la ley se ajusta a los principios y valores de la Constitución, el Consejo Constitucional ofrece una garantía fundamental a nuestros conciudadanos», ha celebrado.
El mandatario ha aplaudido así que se pueda avanzar en una reforma que «se sustenta en bases democráticas, éticas y constitucionales sólidamente establecidas», que se suma a la legislación de mayo que garantiza la igualdad de acceso a los cuidados paliativos.
Entre los estrictos criterios que contempla la norma para acceder al procedimiento se encuentran: ser ciudadano francés o residir de forma permanente y legal en el país; padecer una enfermedad grave e incurable que ponga en peligro la vida; encontrarse en una fase terminal o avanzada y experimentar un sufrimiento físico que no pueda aliviarse con ningún tratamiento o con cuidados paliativos.
Hasta ahora, la ley Claeys-Leonetti adoptada en 2016 permitía la sedación profunda y continua para personas con enfermedades terminales que tuvieran un pronóstico de vida corto. Francia se une así a los países europeos que autorizan, bajo ciertas condiciones, el suicidio asistido o la eutanasia, como Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá o Uruguay.
