El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con los votos del PP, Vox, Junts y PNV, la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para la constitución de un Consorcio bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para diseñar inversiones en esa comunidad y mejorar su ejecución, una iniciativa defendida también por el PSOE y otros partidos de izquierdas.
La iniciativa, debatida este martes en el Pleno, ha sido rechazada por 181 votos de PP, Vox, Junts, PNV Y UPN. A favor, con 168 votos, se han posicionado el resto de formaciones representadas en la Cámara Baja.
La proposición de ley para la creación del consorcio de inversión estaba contemplado en el acuerdo para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre el PSC y los republicanos. Su objetivo era la gestión y ejecución de las inversiones del Gobierno en Cataluña, para lo cual se encargaba la redacción del Plan Plurianual de Inversiones y de los programas que lo desarrollen, así como el seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones inversoras del sector público estatal en Cataluña.
Tras la votación, la diputada de ERC Inés Granollers la posición de Junts y le ha reprochado haberse alineado con PP y Vox para bloquear el consorcio. «Votar contra Cataluña nunca debería ser una opción», ha comentado, un comunicado de la formación .
Según Esquerra, Junts ha priorizado el partidismo frente a las inversiones en Cataluña: «Son el partido del no a todo, ninguna propuesta, ninguna concesión, siempre enfadados, siempre no», ha remarcado Granollers, garantizando que su formación seguirá insistiendo en el consorcio pese a la derrota.
En el debate parlamentario, el PSOE ha defendido el consorcio asegurando que con ese modelo bilateral las comunidades autónomas también podrían decidir «dónde se invierte» porque son quienes «mejor conocen el territorio», en palabras del socialista catalán José Zaragoza.
Desde Sumar, la dirigente de los Comunes Candela López ha señalado que Cataluña arrastra un «déficit histórico» de inversión y de ejecución y ha reclamado inversiones como Cercanías, «no la ampliación del aeropuerto». En su opinión, el consorcio ayudaría a la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a la capacidad de cumplir compromisos en materia de infraestructuras.
Por su parte, la diputada de Podemos Martina Velarde ha señalado que la iniciativa «va en buena dirección», aunque ha advertido de que debe «afinarse y concretarse bastante más». En este sentido, ha expresado preocupación por que el Consorcio generen más complejidad institucional o solapamientos y ha pedido transparencia, claridad institucional y cerrar la puerta a más peajes en carreteras.
En cambio, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha avisado de que con este Consorcio se acepta que las infraestructuras estratégicas catalanas «sigan controladas desde Madrid». Ha admitido que la ley parte de un diagnóstico «correcto», el de que «Madrid no paga», pero sostiene que Cataluña «no necesita chiringuitos, sino cobrar lo que Madrid debe».
De su lado, la diputada del PP Cristina Agüera ha rechazado la proposición alegando que lo que «beneficia y necesita» Cataluña es que «lleguen las inversiones», no que se creen «más estructuras» ni se repartan más «sillas».
Por último, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha rechazado la proposición al considerar que no nace para resolver problemas ciertos, sino para atender «peajes» políticos, apuntalar «mayorías inestables» y revestir de interés general lo que, a su juicio, responde a necesidades de «supervivencia parlamentaria».
