La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el informe de la ponencia que modificará el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 para reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Atendiendo a las demandas de los sindicatos, la ponencia establece que los funcionarios de prisiones reciban indemnización por daños personales o materiales, así como que tengan presunción de veracidad, formación específica teórica y práctica obligatoria y garantías de seguridad como personal laboral.
Tanto el PSOE como el PP han mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado a partir de la proposición registrada por los socialistas, ya que atienden a una reivindicación histórica de los trabajadores penitenciarios y tiene el respaldo mayoritario de los grupos, a excepción de ERC, que ha avisado del riesgo de «ceder ante planteamientos de derecha que al final ocupa la extrema derecha».
«No hacía falta, ya de algún modo son agentes de autoridad y se va a producir un exceso de veracidad y de poder», ha avisado Pilar Vallugera, que ha apelado a la Constitución Española porque obliga a la rehabilitación y «no al castigo».
El PP ha pedido que el informe de ponencia aprobado se eleve al próximo Pleno de la Cámara Baja para que esté cuanto antes aprobado en el BOE. «Hoy es el momento de decir que estamos todos satisfechos en haber alcanzado este acuerdo», ha asegurado el diputado Fernando de Rosa, subrayando que en adelante no se va a «negar la presunción de veracidad» a estos trabajadores.
El diputado 'popular' ha lamentado las más de 50 prórrogas en el Congreso y Senado, pero se ha felicitado de que, finalmente, se haya conseguido un consenso sobre la Proposición de Ley registrada por el PSOE, y a la que se ha sumado también el PNV. También ha tenido unas palabras de recuerdo para Nuria, la trabajadora de cocina asesinada en la prisión de Mas d'Enric.
«Esta Cámara lanza un mensaje de respeto y reconocimiento a quienes garantizan la seguridad, el orden y el funcionamiento de nuestras administraciones penitenciarias, de las que tienen transferencia autonómica y las que siguen dependiendo de la Administración General del Estado», ha sostenido el diputado del PSOE José Luis Aceves.
Desde Sumar, Enrique Santiago ha defendido las enmiendas de este grupo —que han sido rechazas en la Comisión de Interior, como las de otros partidos— pero ha saludado el paso dado en el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios, subrayando que se cubre toda la plantilla, también a los que «no tengan calidad de servidores públicos».
En este sentido, Santiago ha abogado por no perder de vista que la ley obliga a la reinserción de los presos y que está pendiente el traspaso de la sanidad penitenciaria, así como prevenir malos tratos creando «espacios seguros» para los internos y para «evitar acusaciones de malos tratos que puedan realizarse sin fundamento».
Vox también ha defendido sus enmiendas al texto aprobado en la Comisión de Interior al entender que se ha dado un buen paso, pero «a toda luz insuficiente» porque mantiene las diferencias entre comunidades autónomas.
«Tenemos que aprovechar esta inercia para reivindicar de una vez por todas que nuestros policías y guardias civiles sean agentes de riesgo de una vez por todas», ha reclamado Vox.
La diputada de Junts Marta Madrenas ha recordado que Cataluña tiene las competencias penitenciarias transferidas y ha lamentado que desde el Gobierno se legislen «obligaciones para otras administraciones», pero sin atender al «déficit fiscal» que soporta esta comunidad autónoma.
