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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes nuevas restricciones de visado contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de haber contribuido, mediante prácticas de corrupción o narcotráfico, a socavar gobiernos elegidos democráticamente y el Estado de derecho en el hemisferio occidental.
La medida se enmarca en la iniciativa 'Escudo de las Américas', una alianza regional de países conservadores cuyo objetivo principal es combatir a las organizaciones criminales y a quienes las respaldan desde dentro de las instituciones.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha defendido que el proyecto pretende pasar de los compromisos políticos a actuaciones concretas. «El Escudo no es solo palabras; es acción y resultados», ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales, antes de advertir de que habrá nuevas medidas.
Landau ha explicado que el Departamento de Estado ha impuesto restricciones migratorias a nacionales de los cuatro países que, según Washington, «han socavado el Estado de derecho en nuestro hemisferio», y ha asegurado que el Gobierno estadounidense permanece junto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para «defender los gobiernos elegidos democráticamente contra la corrupción y las redes narcoterroristas que pretenden socavarlos».
La nueva política se aplica al amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense (INA, por sus siglas en inglés), que permite limitar la entrada al país cuando la presencia o las actividades previstas de una persona puedan generar consecuencias potencialmente graves para la política exterior de Estados Unidos.
El Departamento de Estado ha aclarado que el mecanismo permitirá actuar de forma permanente y con rapidez conforme se obtengan nuevas pruebas, al tiempo que contempla restricciones tanto para los ciudadanos señalados como, en determinados casos, para sus familiares directos.
En Bolivia, Washington ha revocado los visados existentes de doce personas y sus familiares. Entre los afectados figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres de Santa Cruz Albania Chane Caballero; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, o el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Via.
A esta relación se suman otros nueve ciudadanos bolivianos que no disponían actualmente de visado estadounidense y que, junto con sus familiares, han quedado declarados no elegibles para obtenerlo.
En Colombia, la Administración Trump ha adoptado medidas contra dos ciudadanos y sus familias, con la revocación de sus visados: el empresario Euclides Antonio Torres, propietario de un conglomerado con actividad principalmente en el sectores energético, y de la senadora Martha Isabel Peralta, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
En Ecuador, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a otros dos ciudadanos y ha cancelado los visados de las personas afectadas, extendiendo las medidas a sus familiares conforme a la política anunciada; mientras que en Perú, la medida ha afectado a un ciudadano —el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima Juan Carlos Núñez Matos— y a su familia.
Además de las restricciones anunciadas, el Departamento de Estado ha incluido públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, entre los funcionarios señalados por corrupción.
La designación de Mariaca implica que tanto el fiscal como sus familiares directos quedan impedidos de entrar a Estados Unidos. Washington ha justificado su decisión asegurando que dispone de información sobre una supuesta participación del fiscal general en «actos de corrupción significativos».
Según la versión difundida por el Departamento de Estado, Mariaca, elegido en 2024 para un periodo de seis años durante la Presidencia del entonces mandatario Luis Arce, habría utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos destinados a «facilitar el narcotráfico» y «ayudar a delincuentes violentos eludieran la acción de la Justicia».
Estados Unidos ha subrayado que esas acciones perjudican sus esfuerzos contra el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas que los países integrantes del 'Escudo de las Américas' se han comprometido a reforzar. «Los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos», ha insistido Washington al presentar las medidas.
El señalamiento de Mariaca se ha realizado al amparo de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026, que permite al secretario de Estado designar pública o privadamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando exista información considerada fidedigna sobre su implicación en corrupción significativa o graves vulneraciones de los Derechos Humanos.
