La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha firmado con alcaldes y alcaldesas de la provincia los convenios reguladores del Fondo contra la Pobreza Energética. El importe global que la Institución Provincial transfiere se cifra a 297.000 euros a una iniciativa a la que se han sumado 37 localidades: los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes y siete entidades locales autónomas.
En una nota, Diputación ha recordado que este fondo está adscrito a un Plan Estratégico, que cumple una década de funcionamiento, y que gestiona el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la que es responsable la diputada provincial Paula Conesa.
Una vez efectuado el pago, son los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos los que valoran las solicitudes registradas en cada población. Los profesionales adscritos a estas unidades verifican la situación económica y familiar de cada persona o unidad de convivencia, comprobando si pueden ser perceptores conforme a su nivel de ingresos.
En dicho estudio también se consideran situaciones no estrictamente económicas, según ha explicado Diputación, que ha señalado que de hecho, se comprueba si algún miembro tiene reconocido algún grado de discapacidad o dependencia; si hay personas electro-dependientes, es decir, si precisan, por ejemplo, de dispositivos de diálisis o respiradores; si entre las personas destinatarias hay víctimas de violencia de género; si son usuarios de Servicios Sociales, o bien forman parte de familias monoparentales, entre otros supuestos.
El proceso permite determinar las personas que pueden recibir ayudas para el pago de suministros de electricidad, gas y agua. Este Fondo no sólo facilita el pago de los recibos, sino que también puede cubrir la adquisición de bombillas, radiadores, ventiladores o aires acondicionados portátiles de bajo consumo.
La red de Servicios Sociales Comunitarios, que conforman la Diputación con los ayuntamientos, establece la estructura básica de atención a las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión social. Los profesionales adscritos a esta estructura informan sobre las prestaciones públicas en vigor y valoran la situación de las familias usuarias a las que orientan y asesoran para resolver o mitigar sus necesidades, además de fomentar su autonomía e inclusión social.
