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La Policía Nacional a través de su Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha llevado a cabo la detención de 18 personas como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Estas personas habrían vendido empadronamientos mediante falsos contratos de subarriendo de habitaciones a inmigrantes de varias nacionalidades que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por estos trámites percibirían entre 350 y 500 euros. Todos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.
Según el relato policial difundido en un comunicado de prensa, la 'Operación Arco' comenzó cuando la referida brigada tuvo conocimiento de un empadronamiento masivo de extranjeros en cuatro viviendas de Granada; concretamente, serían 52 extranjeros, sobre todo de origen magrebí, en cuatro domicilios ubicados en el distrito Centro de Granada.
Ante estas evidencias, los agentes iniciaron comprobaciones en relación con las personas que realmente residían en las cuatro viviendas, constatando la imposibilidad por falta de espacio físico de que el número de personas que estaban empadronadas en dichas viviendas pudieran vivir en ellas.
También pudieron comprobar que en dichas viviendas residían realmente desde hacía tiempo otras personas, españoles y extranjeros, que ni siquiera se habían empadronado.
Asimismo, se comprobó que los cuatro domicilios se habían alquilado en una inmobiliaria del centro de la ciudad por una misma persona, la cual en ocasiones actuaba como arrendatario y otras como avalista de otros falsos arrendatarios. Los mismos después llevaban a cabo el subarriendo real de habitaciones a terceros y en paralelo hacía contratos falsos de alquiler de una habitación a extranjeros, solapándose en el mismo periodo temporal los subarriendos con los contratos simulados.
El avance de las investigaciones permitió conocer que la pareja afectiva del principal investigado y falso arrendador se hacía pasar por voluntaria de una conocida fundación de acogida y apoyo a personas en situación vulnerable; de esta manera, ya sea directamente o a través de terceros, podían captar a inmigrantes en esta capital, sobre todo aquellos interesados en optar a procedimientos con ocasión de la regularización extraordinaria de 2026.
Por los trámites falsos de empadronamiento cobraban a cada extranjero entre 350 euros y 500 euros, dándose además la circunstancia que para esa modalidad de regularización extraordinaria no se exigía empadronamiento.
En total han sido 18 los detenidos por estar involucrados dentro de esta trama a los que se les imputan delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Tres de ellos son españoles y el resto extranjeros, alguno con antecedentes previos. Un total de 16 de las detenciones se han producido en Granada y otras dos en localidades de la provincia de Córdoba, lugar al que se habían desplazado esos investigados para evitar ser detenidos. Todos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.
