Agentes de la Policía Nacional de Granada del Grupo contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) en colaboración con la UCRIF Central han detenido a un varón de 36 años de edad como presunto responsable de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores.
Así lo ha señalado el cuerpo en un comunicado, en el que detalla que esta persona, empresario y con negocios en una localidad granadina de la comarca de Huéscar, habría captado a un matrimonio venezolano en situación de vulnerabilidad para explotarles laboralmente en sus negocios en condiciones pésimas y cuando ambos no disponían de autorización de residencia y trabajo. Esta persona ha sido oída en declaración con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.
Según el relato policial, la investigación se inició tras recibir una denuncia de los dos perjudicados, a través del teléfono de la trata, en la que informaban que habían sido captados por un empresario cuando asistieron a un evento de motivación emocional al que habían acudido buscando apoyo y alguna salida a su situación familiar, económica y social.
Las víctimas, un matrimonio venezolano de 53 años, habían venido a España buscando un futuro mejor, dadas las condiciones de pobreza existentes en su país, y sobre todo para que una hija que padecía una grave enfermedad recibiera asistencia médica inmediata.
La Policía señala que la hija falleció al poco tiempo de llegar la unidad familiar a España, motivo por el que acudieron a un evento de motivación personal y tras exponer su precaria situación, se les presentó una persona que les comentó que regentaba tres negocios en la localidad de Motril y le ofreció trabajo al matrimonio.
Las condiciones que les ofrecieron apuntaban a un salario de 1.200 euros mensuales cada uno y alojamiento y comida gratis, así como la posibilidad futura de hacerles un contrato de trabajo con el que pudieran regularizarse, tras lo cual ellos aceptaron se trasladaron a la localidad granadina donde empezaron a trabajar al día siguiente.
La pareja en cuestión, que se encontraba en situación irregular en España y no podía desarrollar actividad laboral, compartía empleo con otra pareja de extranjeros de un país de Centroamérica, que se hallaban en la misma situación irregular en España.
Al recibir el primer salario mensual, por realizar jornadas de hasta 16 horas seguidas todos los días de la semana, comprobaron no solo que su salario mensual había bajado a unos 1.000 euros, sino que de ese importe les descontaban el alquiler mensual. También a la mujer, que tuvo que darse de baja en alguna ocasión por cansancio extremo, le redujo el sueldo por ese motivo a la mitad de lo prometido, sin tener ningún derecho a una baja regulada.
El grupo investigador, después de comprobar la veracidad de las declaraciones de las víctimas, detuvo al empresario por haber captado y trasladado a estas personas aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente.
El detenido, de 36 años de edad y con antecedentes policiales previos, ha sido oído en declaración con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.
