La Policía Nacional ha detenido a un empresario propietario de varios establecimientos de comida rápida tipo kebab en cuatro municipios de la provincia de Cádiz acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.
Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, el detenido exigía entre 6.000 y 8.000 euros a migrantes en situación irregular a cambio de facilitar el arraigo en España y un contrato de trabajo con el objetivo de obtener la regularización administrativa.
La denominada operación 'Naturke' se inició el pasado mes de enero tras diversas inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro establecimientos de comida rápida tipo kebab ubicados en las localidades de El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos propiedad del investigado.
Durante las inspecciones, los agentes localizaron a cinco ciudadanos extranjeros de origen pakistaní en situación irregular que se encontraban trabajando en los establecimientos y fueron detenidos por infracción a la Ley de Extranjería, tramitándose los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión.
La investigación acreditó que los trabajadores se encontraban sometidos a condiciones de explotación laboral, siendo obligados a realizar jornadas abusivas sin días de descanso, bajo un constante control mediante cámaras de vigilancia instaladas en los locales.
Además se constató que sufrían "un trato degradante, con insultos y amenazas continuadas, percibiendo salarios muy inferiores a los legalmente establecidos" aprovechando su situación de vulnerabilidad al encontrarse en situación administrativa irregular en España.
En paralelo, los agentes investigaron al empresario por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular, ya que tenía empadronados, tanto en activo como en histórico, a 34 ciudadanos extranjeros en dos domicilios de su propiedad y otros dos alquilados, sin que residieran realmente en ellos.
Según la Policía, esta práctica tenía como finalidad facilitar el arraigo necesario para su regularización administrativa en España, presuntamente a cambio de dinero o mediante su explotación laboral en los citados establecimientos.
Asimismo, la investigación detectó que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados, pese a encontrarse en situación regular, figuraban dados de alta en la Seguridad Social en los negocios del investigado sin desempeñar actividad laboral efectiva. Además otros ciudadanos en situación irregular trabajaban en los locales sin estar dados de alta.
Las cantidades económicas exigidas por el investigado a cambio de facilitar el arraigo en España y un contrato de trabajo, con el objetivo de obtener la regularización administrativa, oscilarían entre los 6.000 y los 8.000 euros. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
