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La Sala Especial de Recusaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la recusación del juez Manuel Piñar contra cuatro magistrados de la Audiencia de Granada en relación a la causa que se sigue contra él por un presunto delito de odio.
El magistrado ya jubilado, conocido por su vinculación con el 'caso Juana Rivas', está procesado por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas realizados a través de Facebook. La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha fijado para el 1 de octubre la audiencia preliminar por este caso, que surgió a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas y en el que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional.
La causa estaba pendiente de que se resolviera la recusación que Piñar hizo contra cuatro magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Granada a los que acusó de tener un «interés directo» en este caso; así como una «enemistad» manifiesta hacia él.
No obstante, la Sala de Recusaciones del TSJA —integrada por el presidente, Lorenzo del Río, y trece magistrados— lo ha desestimado en un auto fechado el 22 de julio al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso. Junto a ello, la Sala ordena devolver el conocimiento de la causa a la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
No es la primera vez que Manuel Piñar ejerce acciones contra magistrados de la Audiencia granadina. El año pasado presentó una querella contra tres de la Sección Segunda que ordenaron reabrir la investigación contra él por delito de odio —el que está ahora pendiente de juicio—. No obstante, el TSJA lo archivó por entender que la denuncia era «inconsistente jurídicamente». Tampoco prosperó la queja que elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ahora, la Sala de Recusaciones descarta la existencia de una enemistad manifiesta de los magistrados de la Sección Primera frente a lo que considera «meras conjeturas» de Piñar, que también aludió en este contexto a los lazos matrimoniales de dos magistrados de la Sección Primera y Segunda que han conocido la causa.
Así las cosas, está previsto que el 1 de octubre se celebre la audiencia preliminar por este caso contra el magistrado, que negó en su momento en sede judicial la autoría de las publicaciones en Facebook, enmarcando esta denuncia en una «persecución» hacia su persona. La acusación particular solicita que sea condenado a 18 meses de prisión y multa de 6.600 euros, según consta en su escrito de acusación, consultado por Europa Press.
El caso se archivó en un principio y fue reabierto en 2023 por la Audiencia de Granada que, tras revisar el contenido de las publicaciones que se recogen en la denuncia, sostuvo que algunas de ellas contienen «epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países, los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos».
De forma paralela, esta causa dio lugar a otras actuaciones judiciales relacionadas con el uso de mensajes privados, por posibles delitos contra la intimidad y falso testimonio, vinculados al grupo de Whatsapp que el despacho Aránguez Abogados mantiene con más de un centenar de periodistas y que amplió el marco del enfrentamiento judicial entre el abogado y el magistrado, que se jubiló de forma voluntaria en 2024.
