La Policía Nacional ha detenido a dos personas e investiga a otras dos como presuntas responsables de un fraude de aproximadamente 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante la utilización sucesiva de varias empresas agrícolas de Almería vinculadas entre sí.
La autoridad judicial ha acordado, a petición policial, el bloqueo de siete inmuebles valorados en aproximadamente un millón de euros y de diez cuentas abiertas en distintas entidades bancarias «para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento».
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los dos detenidos quedaron en libertad tras declarar asistidos por sus abogados. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Almería, plaza número 3, que mantiene abiertas las actuaciones.
La actuación se ha desarrollado en el marco de la denominada operación 'Tributo', que ha permitido acreditar que los trabajadores eran trasladados entre las distintas mercantiles, mientras se mantenían las mismas explotaciones agrícolas, los medios materiales y la actividad comercial.
Esta operativa se habría desarrollado desde 2009 y consistía en que una mercantil cesaba su actividad tras acumular «importantes deudas» y otra continuaba inmediatamente el negocio bajo una nueva titularidad formal, con los mismos trabajadores, explotaciones agrícolas y medios materiales, lo que «permitía mantener activa la explotación mientras se eludía el pago de las cotizaciones sociales correspondientes».
Entre los investigados se encuentran varios miembros de una misma familia que figuraban como administradores, titulares o responsables de distintas sociedades, así como un antiguo trabajador que posteriormente pasó a explotar una de las fincas como empresario individual.
La investigación se inició a requerimiento del Juzgado de Instrucción número tres de Almería, que en febrero de 2025 encomendó a la Policía Nacional el análisis de unos hechos comunicados previamente por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Las actuaciones han sido desarrolladas conjuntamente por el Grupo VIII de Delincuencia Económica y el Grupo XI de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería.
El análisis policial ha revelado que las empresas investigadas compartían elementos laborales, patrimoniales y empresariales. Además de trabajadores y explotaciones, algunas sociedades utilizaban los mismos domicilios, representantes, cuentas bancarias, clientes y proveedores, pese a presentarse formalmente como «negocios independientes».
Las pesquisas sobre el patrimonio vinculado a los principales responsables han detectado operaciones de transmisión y disposición de bienes realizadas en fechas próximas a la generación y exigibilidad de las deudas, con indicios de que «podrían haber estado orientadas a dificultar la actuación recaudatoria de la Administración».
