La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de Granada a tres mujeres y un varón, de entre 35 y 66 años de edad, como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. Todos ellos eran responsables de establecimientos comerciales mayoristas en el área metropolitana, concretamente en Ogíjares y Armilla, donde vendían productos de textil, complementos, joyería y fundas de teléfonos móviles falsificados.
Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado de prensa, los primeros hechos tuvieron lugar la mañana del pasado día 16 de febrero, cuando los agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de Calahonda realizaron un dispositivo de control de almacenes y comercios del municipio de Ogíjares, durante el cual se contó con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y varias patrillas de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla, detectando irregularidades en tres de ellos.
Como resultado del dispositivo, se detectaron irregularidades en tres establecimientos de venta al por mayor, al observarse un gran número de prendas textiles, bolsos, carteras, mochilas y joyería de marcas de alta gama expuestos a la venta y que, después de ser examinados resultaron ser falsificaciones de los modelos registrados por las distintas marcas comerciales. En total, fueron intervenidos 7.092 productos que incumplían la normativa, con una valoración total aproximada de más de 900.000 euros.
Posteriormente, el día 4 de marzo, se llevó a cabo una nueva inspección en otro comercio de venta al por mayor de la localidad de Armilla, donde los agentes localizaron un total de 1.313 fundas para terminales de telefonía móvil de una conocida marca tecnológica.
Dichos productos carecían de la documentación y autorización requerida para su venta por parte de la propia marca. Asimismo, las características apreciadas en su revisión hicieron sospechar a los agentes sobre su posible falsificación, cuestión que pudo ser confirmada posteriormente con la marca y proceder a su aprehensión.
Como consecuencia de las actuaciones realizadas, los agentes de la Pafif procedieron a la instrucción de las correspondientes diligencias y a la puesta a disposición judicial de los responsables de los cuatro establecimientos, como presuntos autores, respectivamente, de un delito contra la propiedad industrial.
