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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha presentado este lunes un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el que consideran «insuficiente» crecimiento de los recursos.
Así, y coincidiendo con el Día Mundial del Docente, el sindicato ha reclamado a la Consejería del ramo que ponga en marcha medidas concretas y una planificación estable. «La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales», ha señalado la responsable de CSIF Educación Granada, Emilia Santos.
Según datos analizados por CSIF, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) pasó de 8.733 en el curso 2015-2016 a 14.019 en 2024-2025, un incremento del 60,53%. En el mismo período, el alumnado de enseñanzas de régimen general descendió un 5,1%, de 123.011 a 116.774 estudiantes.
Para Santos, esta evolución demuestra que «las necesidades educativas han crecido mucho más rápido que la capacidad estructural del sistema». También han señalado que entre los cursos 2016-2017 y 2025-2024, los efectivos de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación pasaron de 804 a 939, un 16,79% más, muy por debajo del crecimiento experimentado por el alumnado NEAE.
«Estamos hablando de un cambio en las necesidades que tiene que atender nuestro sistema educativo. No podemos pedir una inclusión de máximos con unas condiciones que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes para hacerla efectiva», ha advertido la responsable sindical.
El Plan Integral presentado rueda de prensa por CSIF plantea una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa «actualmente fragmentada y dispersa», derogue las disposiciones «obsoletas» y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, así como funciones claramente definidas para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.
Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.
CSIF considera que la situación de Orientación resulta especialmente significativa, ya que según señalan, en el curso 2024-2025 había 216 profesionales para 116.744 alumnos de enseñanzas de régimen general, lo que supone aproximadamente 500 alumnos por orientador. «La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios», ha defendido Santos.
CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente. «Esta organización reduce el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificulta la coordinación con los equipos docentes, el seguimiento continuado, el asesoramiento a las familias y la participación estable del especialista en la vida del centro», ha apuntado la responsable sindical.
El Plan Integral aborda, asimismo, la creciente relación entre las necesidades educativas y sanitarias. En el curso 2023-2024 había 2.336 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a enfermedades raras o crónicas escolarizados en centros ordinarios, 608 más que en 2019-2020.
En este sentido, CSIF considera necesario avanzar hacia una enfermería escolar con presencia estable en los centros, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado con mayores necesidades sanitarias.
Emilia Santos ha subrayado que «el profesorado debe conocer las pautas para actuar ante una emergencia, pero no puede convertirse en sustituto del personal sanitario».
En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo.
«De las 3.812 PTIS en Andalucía, alrededor de 448 en Granada, tan solo el 41% depende de Función Pública, lo que significa que se sigue recurriendo a fórmulas externalizadas para cubrir este servicio esencial», ha criticado Santos.
Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas. «Para ello, la Administración debería publicar, además de la evolución anual del alumnado NEAE y de las plantillas de PT, AL y Orientación, información sobre las ratios de atención, la compartición de centros, los recursos de enfermería escolar, los indicadores de convivencia y bienestar y la evolución presupuestaria, diferenciando los recursos estructurales de los temporales», valoran.
«El alumnado ha cambiado y las necesidades de nuestros centros también. La respuesta no puede consistir únicamente en reaccionar cada curso. La inclusión no se decreta, se financia. La atención a la diversidad necesita recursos, planificación, estabilidad y profesionales suficientes para convertirse en un derecho efectivo en todos los centros públicos andaluces», ha concluido la responsable de CSIF Educación Granada.
