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La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra el reconocimiento de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones con la reciente modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. No obstante, han exigido medidas contra «la superpoblación reclusa» en el centro onubense.
Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, la reforma aprobada por el Senado es «una reivindicación histórica» de CSIF y el resultado de «largas y complejas» negociaciones encabezadas por este sindicato para poner de acuerdo a las principales formaciones políticas. El nuevo texto legal otorga relevancia a los informes y manifestaciones en los procedimientos disciplinarios, salvo prueba en contra, de más de medio millar de empleados públicos de la prisión ubicada en La Ribera y el Centro de Inserción Social David Beltrán Catalá, que adquieren esta nueva condición.
El reconocimiento de agente de autoridad supone un respaldo jurídico fundamental para unos profesionales que afrontan «situaciones de violencia, amenazas, alteraciones del orden y una población reclusa con perfiles cada vez más complejos».
La situación del centro penitenciario de Huelva es «un ejemplo de ello». En 2024 registró 23 agresiones a funcionarios dentro de 42 episodios conflictivos, situándose como «la tercera cárcel de España con mayor número de agresiones a trabajadores». Asimismo, durante 2026 ya se han producido incidentes de «especial gravedad», puesto que en enero, decenas de internos protagonizaron un grave altercado en el que varios funcionarios fueron agredidos durante la intervención para restablecer el orden.
CSIF Huelva, no obstante, avisa de que este paso adelante «no soluciona la situación precaria» en la que se encuentra el centro porque, aun teniendo el reconocimiento de agentes de autoridad, «padece la contrariedad de hacer frente con déficit de efectivos a una superpoblación reclusa».
Según la legislación vigente —un recluso por celda—, la cárcel onubense tiene capacidad para 1.008 internos y en la actualidad soporta «un excedente de 300», una cifra «alimentada por un perfil de presos peligrosos, especialmente procedentes del creciente narcotráfico en la zona, de Ceuta y/o con numerosos antecedentes y con progresión de primer a segundo grado».
Estas cifras contrastan con «la acuciante falta de personal, de vigilancia, laboral y de especialistas». La situación del área de Seguridad es «alarmante», ya que existe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que «no se encuentra actualizada conforme a las necesidades actuales del centro, tal y como viene denunciando CSIF desde hace meses».
Es muy «notoria» también «la ausencia de médicos». «Esta carencia supone una sobrecarga para el resto de sanitarios, como los enfermeros. El Centro Penitenciario de Huelva tampoco dispone de psiquiatra, a pesar de las innumerables patologías de este campo en la prisión».
A esta circunstancia se suma, según el sindicato, la reciente solicitud de traslado del farmacéutico del centro, cuya plaza queda vacante, «incrementando las dificultades existentes en un área especialmente sensible dentro de cualquier establecimiento penitenciario».
CSIF considera «imprescindible» garantizar una «dotación suficiente» de profesionales sanitarios, «no solo para atender adecuadamente a la población reclusa», sino también porque la asistencia sanitaria constituye «una pieza fundamental para el correcto funcionamiento y la seguridad del centro».
Otra de las «carencias» que preocupa a la sección sindical de IIPP de CSIF Huelva se encuentra en el área de mantenimiento. El Centro Penitenciario de La Ribera cuenta con más de 30 años de antigüedad y unas instalaciones que, por sus características y por el uso intensivo al que están sometidas diariamente, «necesitan una conservación adecuada y permanente».
El centro, sin embargo, «carece de personal laboral especializado suficiente para afrontar con garantías las reparaciones y trabajos de mantenimiento que requieren unas instalaciones de estas características».
«La situación ha empeorado en los últimos años en cuanto a hacinamiento y agresiones, por lo que el reconocimiento de agente de la autoridad debe ir acompañado de una actualización de la plantilla, de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos», apuntan fuentes internas de la cárcel.
CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública el refuerzo de personal y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, entre las que sobresale la clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad.
