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Condenados a penas de hasta 18 años de prisión cinco excomandantes del Ejército de Corea del Sur por la ley marcial

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Lo esencial

Un tribunal de Seúl ha condenado a cinco excomandantes del Ejército a penas de hasta 18 años de prisión por su implicación en la ley marcial decretada en 2024.

Por qué importa

Importa porque se trata de una sentencia que afecta a altos mandos militares y al expresidente, mostrando la gravedad de la crisis política que vivió Corea del Sur.

Qué ocurrió

Un tribunal de Seúl ha condenado a cinco excomandantes del Ejército a penas de hasta 18 años de prisión por su implicación en la ley marcial decretada en 2024 por el expresidente Yoon Suk Yeol. Las penas varían según el grado de implicación de cada uno.

Entre líneas

La sentencia refleja la gravedad de los cargos y la implicación de altos mandos militares en acciones políticas, lo que sugiere una profunda crisis institucional en Corea del Sur.

El contexto

El expresidente Yoon Suk Yeol fue condenado a cadena perpetua por insurrección en el mismo caso.

El panorama

La sentencia muestra un patrón de uso indebido del poder militar para fines políticos, lo que podría indicar una tendencia preocupante en la estabilidad política del país.

Qué esperar

La ley marcial fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.

La clave

El tribunal ha hallado culpables a los cinco acusados de múltiples cargos, entre ellos el de ordenar el envío de tropas a la Asamblea Nacional y a la Comisión Nacional Electoral, así como la organización y planificación de la detención de políticos y altos cargos.

Artículo completo

Un tribunal de Seúl, la capital surcoreana, ha condenado este lunes a largas penas de hasta 18 años de prisión a cinco excomandantes del Ejército por su implicación en la ley marcial decretada en 2024 por el expresidente Yoon Suk Yeol, que fue condenado a cadena perpetua por insurrección en este mismo caso.

La corte ha hallado culpables a los cinco acusados y ha dispuesto 18 años de cárcel contra Yeo In Hyung, excomandante del Mando de Contrainteligencia de Defensa; 15 años para Lee Jin Woo, exjefe del Mando de Defensa Capital; doce años para Moon Sang Ho, excomandante del Mando de Inteligencia; diez años para Park An Su, que ejerció como comandante durante la ley marcial; y nueve para Kwak Jong Keun, que se encontraba al frente del Mando de Operaciones Especiales.

El tribunal ha hallado a todos los acusados culpables de múltiples cargos, ente ellos el de ordenar el envío de tropas a la Asamblea Nacional durante aquella tensa jornada que abrió una grave crisis política en el país. Las tropas también fueron desplegadas en las inmediaciones de la Comisión Nacional Electoral.

Además, estuvieron implicados en la organización y planificación de la detención de políticos y altos cargos, unas acciones por las que los fiscales pedían un total de 30 años de prisión para algunos de ellos, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

La pena más alta ha sido impuesta contra Yeo, hallado culpable de tratar de arrestar incluso al expresidente, Lee Jae Myung, que entonces ocupaba el cargo de líder de la principal formación opositora, el Partido Democrático. Asimismo, ha sido acusado de haber estado al tanto en todo momento de la «naturaleza ilegal» de la política adoptada entonces debido a sus repetidas reuniones con Yoon y el exministro de Defensa Kim Yong Hyun.

«Los delitos de insurrección, que ponen en peligro la existencia del Estado, son tan graves que no son comparables a ningún otro delito. Los acusados abandonaron su neutralidad política a nivel militar usaron políticamente al Ejército para sus propios intereses de partido», ha señalado.

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.

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