La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre a pagar una multa de 1.242 euros por cobrar indebidamente 4.970 euros de subsidio por desempleo en el marco de una trama que simuló relaciones laborales mediante empresas ficticias o ya constituidas para obtener prestaciones y, en algunos casos, facilitar la regularización de ciudadanos extranjeros.
En su sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Tercera considera al acusado autor de un delito contra la Seguridad Social y le impone dos meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa. También le priva durante nueve meses de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El fallo obliga asimismo al condenado a indemnizar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por las cantidades percibidas indebidamente, más los intereses legales, salvo que ya las haya abonado o que el organismo haya renunciado expresamente a reclamarlas.
La resolución es firme después de que el acusado reconociera los hechos y mostrara su conformidad con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal. Las partes manifestaron tras conocer el fallo su decisión de no recurrirlo.
La Audiencia da por probado que el hombre figuró de alta en el Régimen General de la Seguridad Social entre el 11 de diciembre de 2010 y el 11 de diciembre de 2011 como empleado de una empresa para la que no trabajó.
Posteriormente presentó una solicitud de subsidio por desempleo con la documentación confeccionada para acreditar la relación laboral simulada y llegó a percibir una cuantía líquida total de 4.970 euros.
Los hechos se enmarcan en una trama urdida entre 2009 y 2013 por un asesor fiscal, ya juzgado y condenado en esta causa, para obtener fraudulentamente prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de sociedades ficticias o el uso de empresas ya constituidas.
Según recoge la sentencia, el asesor simuló relaciones laborales de un elevado número de trabajadores, suscribió contratos y extendió certificados de empresa o nóminas para mantenerlos de alta el tiempo suficiente con el objetivo de que pudieran acceder posteriormente a las ayudas.
El responsable utilizó para ello de forma indebida el sistema de transmisión telemática RED, para el que estaba autorizado desde septiembre de 1999, y creó empresas carentes de la mínima estructura o actividad empresarial o recurrió a sociedades previamente constituidas.
Los trabajadores entregaban cantidades que oscilaban entre 1.200 y 1.800 euros y conocían el carácter «mendaz y falsario» de la documentación y el beneficio que pretendían obtener. En algunos casos, la trama también permitió a ciudadanos extranjeros regularizar su situación en España.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social concluyó que no se había acreditado la existencia de actividad real en las empresas investigadas, su capacidad económica ni la prestación efectiva de servicios por parte de los trabajadores.
Finalmente, la Audiencia ha acordado remitir un oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social para que anule los periodos cotizados de manera fraudulenta y los efectos derivados de la afiliación del condenado al sistema.
